El camarista especializado Paublino Escobar lanzó duras críticas al funcionamiento del sistema penal, al advertir que la conducta de sus propios operadores es uno de los principales factores que explican la elevada cantidad de personas en prisión preventiva sin condena.
Según expuso, el sistema penitenciario alberga actualmente a más de 17.000 personas privadas de libertad, de las cuales estimó, cerca del 80% no cuenta con una sentencia firme. En ese contexto, apuntó directamente al rol de la Defensa Pública y cuestionó la falta de mecanismos de control sobre el desempeño de los defensores.
“¿Qué tipo de control ejerce el defensor general sobre sus defensores? ¿Qué indicadores de medición de calidad del servicio tiene el defensor general o el adjunto sobre los defensores?”, planteó el magistrado, al tiempo de insistir en la necesidad de contar con parámetros claros para evaluar la labor de asistencia en el fuero penal.
Escobar también extendió sus cuestionamientos al Ministerio Público, al señalar que, dentro de la práctica cotidiana, resulta más sencillo para los fiscales solicitar la prisión preventiva. “Los fiscales… les hace un trabajo más fácil pedir prisión. Si total, el juez va a decidir”, afirmó, describiendo una lógica instalada dentro de la institución.
No obstante, el camarista reconoció que la responsabilidad no recae únicamente en la Fiscalía o la Defensa, sino también en el propio Poder Judicial. En ese sentido, advirtió que los jueces incumplen con frecuencia su obligación de revisar periódicamente las medidas cautelares.
“Desde el mismo momento en que un juez no convoca a una audiencia de revisión de medida de oficio, conforme a lo que dispone el Código Procesal, cada tres meses, está faltando a una responsabilidad excesivamente seria”, remarcó.
Finalmente, el magistrado atribuyó esta problemática a una práctica arraigada dentro del sistema. “Somos reacios en aplicar… ¿por qué? Por esa cultura que nosotros tenemos, la cultura del encierro”, concluyó.
Las declaraciones reavivan el debate sobre el uso excesivo de la prisión preventiva y la necesidad de reformas estructurales que garanticen el respeto a las garantías procesales y reduzcan el hacinamiento en las cárceles del país.
