Las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero recurrieron ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con un recurso de casación en el que insisten en que la causa que involucra al senador Hernán Rivas por el presunto uso de un título falso no ha prescrito, como concluyeron instancias anteriores.
En su planteamiento, las representantes del Ministerio Público solicitan que se anulen las resoluciones dictadas en primera y segunda instancia, al considerar que ambas decisiones incurrieron en una interpretación errónea del cómputo de la prescripción. Además, piden que el expediente sea reenviado a un nuevo juez de garantías para la realización de una nueva audiencia preliminar.
El caso gira en torno a la imputación contra el legislador Hernán Rivas, a quien se atribuye la presunta utilización de un título académico de contenido falso. Según la posición fiscal, los hechos vinculados a la supuesta conducta delictiva tendrían continuidad o efectos que se extendieron hasta los años 2021 y 2023, lo que, a criterio del Ministerio Público, modifica el análisis del plazo de prescripción aplicado por los tribunales inferiores.
Las fiscalas sostienen que tanto el juez de garantías como los camaristas habrían cometido un error al calcular la prescripción tomando como referencia hechos que no correspondían al tipo penal investigado. En ese sentido, cuestionan que se haya condicionado la punibilidad a interpretaciones ajenas a la estructura del Código Penal y a los términos de la acusación.
En su argumentación, el Ministerio Público afirma que la decisión recurrida interpretó de forma incorrecta el artículo 252 del Código Penal, al limitar su alcance y exigir condiciones que no estarían previstas en la norma. Según el escrito, basta con la utilización de un documento público falso con intención de inducir a error para que se configure el tipo penal, sin necesidad de una comprobación previa de otros hechos vinculados a su producción.
Asimismo, las fiscalas diferencian entre la “producción inmediata de documentos públicos de contenido falso” y el “uso de documentos públicos de contenido falso”, señalando que ambos supuestos tienen autonomía dentro del Código Penal y no dependen uno del otro para su configuración.
Con este recurso, Patricia Sánchez y Luz Guerrero buscan revertir el sobreseimiento definitivo dictado en favor de Rivas y lograr que el proceso sea reabierto, bajo el criterio de que la acción penal no ha prescrito.
La decisión ahora queda en manos de la Corte Suprema de Justicia (Sala Penal), que deberá analizar los fundamentos del recurso y resolver si corresponde anular las resoluciones previas y reencauzar la causa a una nueva audiencia preliminar.
