La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, expuso un análisis sobre la evolución del sistema penal paraguayo durante su participación en un congreso internacional, donde abordó los principales cambios institucionales desde la Constitución de 1992.
En su intervención, Llanes destacó que la reforma constitucional permitió reconfigurar el ordenamiento penal, incorporando al Ministerio Público como titular de la acción penal y consolidando los principios del juicio oral y público como ejes del proceso penal moderno.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la tensión permanente entre la eficacia del sistema de justicia y el respeto a las garantías procesales. En ese contexto, advirtió sobre distorsiones que afectan la administración de justicia, entre ellas el uso excesivo de la prisión preventiva y fenómenos como el llamado lawfare, que según señaló, pueden derivar en la manipulación del sistema judicial.
La ministra también subrayó los avances normativos impulsados por Paraguay en materia de lucha contra la criminalidad organizada y transnacional, resaltando el paquete legislativo aprobado en 2019 y la implementación del Plan Estratégico Nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Asimismo, Llanes valoró la reciente evaluación favorable del país por parte del GAFILAT, aunque advirtió que aún es necesario consolidar una justicia penal especializada, particularmente en delitos económicos y crimen organizado.
El congreso contó además con la participación del jurista Mauro Henrique Veltrini Ticianelli, quien abordó la organización del sistema judicial brasileño y los desafíos actuales, como la justicia electoral, el impacto de la desinformación, la regulación de la inteligencia artificial en campañas políticas y la protección de grupos vulnerables.
El encuentro reunió a autoridades judiciales, académicos y estudiantes. Entre los presentes estuvieron la presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, abogada Edith Martínez, junto con los abogados Gustavo Brítez y Carlos Domínguez, además de magistrados, funcionarios judiciales y representantes de la Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN) y de la Universidad Estatal de Londrina (UEL), Brasil.
