Un caso tramitado ante el juez interino, Fidelino Cáceres de Mariano Roque Alonso, expone serias irregularidades en el sistema de notificaciones judiciales y derivó en la anulación de actuaciones dentro de un proceso por cobro de guaraníes, en lo que se perfila como otro episodio vinculado a la denominada “mafia de pagarés”.
El análisis de las diligencias realizadas por un ujier dejó en evidencia una situación insostenible: múltiples notificaciones habrían sido practicadas en fechas y horarios prácticamente simultáneos, pero en lugares geográficamente distantes entre sí. Según consta en el expediente, el mismo funcionario habría intervenido en procedimientos en ciudades como Monday, Mbutuy, Asunción y Mariano Roque Alonso, en franjas horarias coincidentes, lo que llevó a cuestionar la veracidad y legalidad de dichas actuaciones.
El caso tomó especial relevancia al examinarse una notificación fechada el 14 de diciembre de 2021, vinculada a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. De acuerdo con el acta, el ujier se habría presentado en la institución, pero en lugar de formalizar la entrega de la cédula mediante los canales administrativos correspondientes, optó por dejarla en la entrada del edificio, sin garantizar su recepción ni trazabilidad. Este proceder impidió que la destinataria tomara conocimiento efectivo de la acción judicial en su contra, vulnerando su derecho a la defensa.
Ante estas inconsistencias, el juzgado concluyó que las notificaciones eran de cumplimiento imposible y estaban viciadas de nulidad absoluta. En consecuencia, se resolvió invalidar no solo las diligencias cuestionadas, sino también todas las actuaciones posteriores derivadas de ellas, incluyendo un embargo ejecutivo y una sentencia definitiva dictada en octubre de 2022.
La decisión del juez fue adoptada tras la presentación realizada por la defensora pública Leticia Casaccia, quien actuó en representación de la funcionaria afectada. La intervención de la defensa resultó fundamental para evidenciar las irregularidades y lograr el reconocimiento judicial de las mismas.
El caso se enmarca dentro de una serie de denuncias que apuntan a un esquema irregular conocido como la “mafia de pagarés”, en el que personas son demandadas sin haber sido debidamente notificadas, quedando en estado de indefensión frente a procesos judiciales que avanzan sin su conocimiento.
Con la nulidad declarada, el juzgado ordenó que se realice una nueva notificación conforme a derecho, esta vez en el domicilio real de la demandada, garantizando así el debido proceso. El fallo marca un precedente importante en la revisión de prácticas judiciales indebidas.
La decisión fue notificada al Ministerio de Salud para frenar los embargos que pesaban sobre el salario de la victima.
