Tras su imputación por presunta lesión de confianza, Arnoldo Wiens habló con los medios de comunicación y afirmó que no existen razones legales para cuestionar su gestión que solo buscó proteger el dinero de la ciudadanía y que sus abogados van a refutar con argumentos legales las afirmaciones del Ministerio Público.
La Fiscalía lo imputa por lesión de confianza por un presuntos perjuicio patrimonial de G. 14.955 millones tras la demolición de estaciones. El proceso reabre el debate sobre responsabilidades en el fallido proyecto Metrobús.
De acuerdo con el Ministerio Público, el perjuicio patrimonial atribuido alcanza G. 14.955 millones. El monto incluye pagos realizados para la construcción de estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR), que posteriormente fueron demolidas, así como desembolsos vinculados a trabajos acordados con la empresa Mota Engil Ingeniería y Construcción S.A.
Los fiscales solicitaron medidas alternativas a la prisión mientras se desarrolla la investigación, que tendrá un plazo de seis meses para la recolección de pruebas y la eventual presentación de una acusación formal.
En contraste, el Ministerio Público pidió el sobreseimiento definitivo del exministro Ramón Jiménez Gaona y de la exviceministra Martha Benítez, quienes también habían sido investigados en la causa.
Wiens, actual precandidato presidencial dentro del Partido Colorado, rechazó la imputación y sostuvo que las decisiones adoptadas durante su gestión buscaron proteger recursos públicos ante el conflicto contractual con la constructora.
«Hacer lo correcto no debe jamás convertirse en delito. Esto es un nefasto antecedente para los funcionarios que heredan problemas», aseguró.
El Metrobús fue anunciado como uno de los proyectos de transporte más ambiciosos del país, pero quedó paralizado tras conflictos técnicos, financieros y sociales. Las obras inconclusas en la ruta PY02, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora, continúan siendo un recordatorio visible del fracaso del emprendimiento.
La imputación reabre la discusión sobre las responsabilidades administrativas y políticas en torno a una obra que no solo impactó en la movilidad urbana, sino que también generó consecuencias económicas que siguen bajo análisis judicial.
La investigación se encuentra a cargo de los fiscales: Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti.
