La suspensión de la matrícula profesional de la abogada Zully Ortiz, dispuesta por la Corte Suprema de Justicia, genera esperanza y alivio entre las víctimas de la denominada mafia de los pagarés, según afirmó la abogada Noelia Núñez, querellante en la causa y representante legal de varias afectadas, entre ellas Ángela Zárate.
Núñez señaló que tanto su clienta como otras víctimas celebran la decisión de la máxima instancia judicial, considerando que la letrada suspendida soporta imputaciones en varias causas y, aun así, continuaba promoviendo acciones judiciales contra personas que ya habían cancelado sus deudas.
La abogada explicó que su representada, Ángela Zárate, llegó incluso a ser tratada como victimaria dentro del sistema de justicia y no como víctima, situación que se vio agravada por los mensajes de odio que recibió desde el momento en que presentó la denuncia contra el esquema.
Indicó que la medida adoptada por la Corte Suprema de Justicia genera un alivio importante para las víctimas, atendiendo a que profesionales imputados persistían en procesos judiciales que las afectaban directamente.
«Esta suspensión es el deseo de muchas otras víctimas que lo buscan es justamente es una acción inmediata. Si bien esto no termina aquí, creo que es un paso gigante que se ha dado a traves de esta medida y así continuar depurando el sistema judicial con medidas correctivas y que las víctimas cobren sus salarios y vivan una vida digna.»
Asimismo, Núñez sostuvo que la decisión envía un mensaje claro y contundente desde la máxima instancia judicial.
«Creo que mis representadas y otras victimas celebran esta suspensión y es un mensaje contundente de que la Corte Suprema de Justicia no va a tolerar y tomará acciones en contra de todas las personas vinculadas en esta mafia», dijo Noelia Núñez.
Recordemos que, la abogada Núñez fue la primera profesional en solicitar la suspensión de la matrícula de Zully Ortiz, apenas se dio a conocer la imputación presentada por el equipo fiscal conformado por Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardo Guerrero. Según la acusación, Ortiz fue imputada por estafa, por haber impulsado juicios en perjuicio de Ángela Zárate, relacionados con cuentas que ya se encontraban canceladas.
De acuerdo con el relato fiscal, la denunciante y víctima del esquema, Ángela Zárate, accedió a un préstamo en octubre de 2013 y firmó pagarés a favor de la firma Vanessa y Asociados. En total, obtuvo dos créditos por G. 3.360.000 y G. 3.840.000, los cuales fueron descontados mediante débito automático y habrían sido abonados en su totalidad.
Pese a ello, los representantes legales de Vanessa y Asociados S.A., Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva, habrían entregado los pagarés a la abogada hoy imputada, Zully Ortiz, quien actuaba en representación de la firma. Posteriormente, en el año 2020, se promovió una acción preparatoria de juicio ejecutivo y luego un juicio por cobro de guaraníes ante el Juzgado de Paz de Nueva Italia.
