Concluyó el censo en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, cuyo principal objetivo fue determinar cuántas personas privadas de libertad se encuentran condenadas, así como el estado actual de sus causas.
Con el propósito de actualizar la información procesal de los reclusos, más de 40 jueces de Ejecución Penal y de Garantías, provenientes de los departamentos de Paraguarí, Central y Capital, ingresaron al centro penitenciario acompañados por funcionarios judiciales.
La iniciativa, articulada con el Ministerio de Justicia, busca identificar cuántos de los 2.151 internos en este establecimiento ya cuentan con una condena firme y cuántos siguen en calidad de procesados. Esta labor permitirá agilizar trámites judiciales, mejorar el acceso a la justicia y avanzar en la revisión de casos que requieren atención urgente.
Según explicó a Judiciales Net la directora de Bienestar y Reinserción Social del Ministerio de Justicia, doctora María Rosalía González, el trabajo de recolección de datos concluyó el día de ayer, y ahora comienza la etapa de revisión de formularios, impresión de antecedentes penales de cada recluso y verificación de todos los datos recopilados durante la jornada de este lunes.
El censo no solo tiene como finalidad clasificar a los condenados y procesados, sino también generar información precisa que permita detectar situaciones procesales pendientes, promover condiciones de reclusión más justas y fortalecer las políticas de reinserción social y respeto a la dignidad humana dentro del sistema penitenciario.
El operativo fue encabezado por los jueces Sandra Kirchhofer, Cinthya Sostoa, Carlos Mendoza Peña y Luz Rossana Bogarín, en conjunto con equipos técnicos del Poder Judicial. La seguridad durante la jornada estuvo a cargo de efectivos de la FOPE, personal de la Comisaría 5.ª Metropolitana y agentes penitenciarios. Por parte del Ministerio de Justicia, participó la directora de Reinserción Social, Rosalía González.
En el marco de esta jornada, también se presentó la culminación del proyecto “Por un trato digno a las personas privadas de libertad”, impulsado tras detectarse que muchos internos utilizaban botellas plásticas y cartones reciclados como utensilios para alimentarse. Gracias a una campaña solidaria liderada por magistrados, se logró la donación de 2.200 tuppers y vasos, entregados directamente a los reclusos como parte de los esfuerzos por humanizar las condiciones de vida en los centros de reclusión.
