El Ministerio Público reconoció públicamente, a través de sus redes sociales, una preocupante realidad: solo logra investigar el 30 % de las causas penales ingresadas cada año, debido al déficit presupuestario que enfrenta la institución.
“Si dividimos el presupuesto total 2024 (G. 672.000 millones) entre las 310.927 causas ingresadas, 7 de cada 10 causas quedan sin respuesta. Investigar una causa penal, desde el inicio hasta su conclusión, cuesta en promedio G. 90 millones”, señala la publicación oficial del Ministerio Público.
La situación fue expuesta en el contexto de la presentación del Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026, realizado ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional. La propuesta busca asegurar los recursos necesarios para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de las funciones misionales del Ministerio Público en todo el país.
El presupuesto proyectado por la institución asciende a G. 1.056.606 millones, compuesto por: G. 971.709 millones provenientes del Tesoro Nacional y G. 84.897 millones de recursos institucionales.
Durante la exposición, se subrayó que el presupuesto vigente es insuficiente para cubrir el volumen creciente de causas penales, así como los costos operativos asociados a la investigación y persecución penal efectiva.
Entre enero y septiembre de 2025, se registraron más de 215.000 causas en todo el país, lo que representa una carga promedio de 510 causas por fiscal al año. Este volumen supera ampliamente la capacidad operativa actual y pone en evidencia la necesidad urgente de reforzar el plantel de fiscales y el sistema de apoyo institucional. Según el Ministerio Público, se requieren al menos: 560 agentes fiscales adicionales.
La falta de recursos no solo limita la capacidad de investigar, sino que deja en evidencia una grave debilidad estructural del sistema penal: la mayoría de las denuncias quedan sin respuesta efectiva, con lo que las víctimas de un hecho punible se quedan sin la posibilidad de ser resarcidas.
El Ministerio Público insiste en que cumplir con su rol constitucional requiere una inversión acorde a las exigencias del sistema de justicia. Advirtió que, sin un presupuesto justo, la impunidad se instala como consecuencia directa de la falta de medios para investigar los delitos que afectan a la ciudadanía.
