El señor Óscar Mereles vivió más de un año bajo la presión constante de llamadas y mensajes que le exigían el pago de una deuda de 14 millones de guaraníes, supuestamente contraída con dos casas comerciales. Sin embargo, tras recurrir a la Comisión Especial del Senado que investiga la mafia de los pagarés, logró comprobar que una de las deudas ya había sido cancelada y que la otra nunca existió.
Mereles denunció ante la Comisión del Senado que investiga la mafia de los pagarés que era hostigado por una agencia de cobranzas, la cual adquirió un pagaré ya cancelado y le reclamaba otra supuesta obligación sin vínculo comercial acreditado.
Según relató el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión, el afectado fue vinculado a obligaciones con las casas comerciales Facilandia y Stilo Hogar. “Se le exigía el pago de 14 millones de guaraníes por intereses punitorios por la mora”, indicó el legislador, en referencia al reclamo que motivó la intervención del órgano parlamentario.
Acompañado por un asesor técnico de la Comisión, Mereles acudió a la sede de la firma Vinanzas S.A., agencia de cobranzas que forma parte del grupo Ueno Holding. Allí solicitaron la verificación documental de las supuestas deudas. En ese encuentro se constató que el pagaré correspondiente a Facilandia sí existía, pero ya había sido cancelado. Sin embargo, el documento no fue devuelto ni anulado, a pesar de que la deuda había sido saldada. Se vendió a la agencia, y esto permitió que continuara siendo utilizado como base para el reclamo.
En cuanto a la supuesta mora con Stilo Hogar, se comprobó que no existía constancia de relación comercial alguna con Mereles, conforme a lo sostenido por el afectado y verificado por la Comisión.
Como resultado de la gestión, la agencia emitió una constancia reconociendo que la deuda con Facilandia estaba saldada y se comprometió a entregar el pagaré original en un plazo de siete días, alegando que se encontraba en un depósito.
La Comisión Especial de Investigación del Senado indaga una red de irregularidades vinculadas al uso de pagarés, que afecta a miles de personas, entre ellas funcionarios públicos y jubilados. El eje de la investigación apunta a presuntos descuentos indebidos, reclamos por deudas ya canceladas y ejecuciones varias sobre un mismo documento.
