El Tribunal de Sentencia, integrado por el magistrado Pablino Barreto como presidente, y los jueces Inés Galarza y Juan Dávalos como miembros, realizó la constitución de una propiedad ubicada en el condominio Aqua Village, en la ciudad de Altos, inmueble que forma parte central de la investigación. Según los antecedentes, esta propiedad fue vendida en efectivo por el senador colorado Erico Galeano a Hugo González Ramos, presunto testaferro de Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, por un valor de USD 1.000.000.
El Tribunal, ejerciendo las facultades que le confiere la ley, decidió constituirse en la mencionada propiedad, que perteneció al enjuiciado, como parte de la fase de prueba dentro del juicio oral y público, que se prolonga por varios meses con la presentación y análisis de evidencia documental, pericial y testimonial.
Erico Galeano enfrenta cargos de asociación criminal y lavado de dinero, vinculados a su presunta participación en la estructura liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Según la Fiscalía, el senador habría facilitado su avión privado a los líderes criminales mencionados para trasladarse dentro del territorio nacional, a cambio de pagos que habrían sido realizados por dichas colaboraciones. Adicionalmente, se le imputa la simulación de la venta de su residencia en Aqua Village por USD 1 millón, presuntamente en beneficio de “Tío Rico”.
En el escrito de acusación que se debate actualmente en la audiencia oral, la Fiscalía señala que: “Erico Galeano Segovia no solo se vinculó con la referida organización criminal mediante la compraventa del inmueble en Aqua Village, sino que también proporcionó a los principales líderes —incluyendo a Miguel Ángel Insfrán y a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros— el medio de transporte de su propiedad, permitiendo que los citados se trasladaran libremente dentro del territorio nacional”.
El fiscal a cargo, Corbeta, subraya que la participación de Galeano no fue un acto aislado ni accidental, sino que formaba parte de una colaboración sostenida con la red criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, evidenciando la conexión directa del político con actividades ilícitas de alto nivel.
Este caso forma parte de un desprendimiento del Operativo “A Ultranza PY”, considerado el mayor golpe al crimen organizado en la historia del Paraguay, llevado a cabo con la colaboración de agencias internacionales como la DEA, Europol, la Policía Uruguaya y la SENAD.
El operativo permitió desmantelar una compleja red de narcotráfico y lavado de activos con ramificaciones internacionales, y resultó en la incautación de bienes por un valor superior a USD 150 millones, actualmente bajo administración de la Senabico, lo que refleja la magnitud del entramado criminal y el alcance de la investigación en curso.
