La audiencia preliminar en el proceso penal que enfrenta el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, fue suspendida tras la recusación presentada contra el juez Humberto Otazú por parte de la defensa de la acusada, Cirle Alcaraz Ramírez.
La diligencia judicial estaba fijada para hoy y mañana 2 de octubre, con carácter obligatorio, por lo que Prieto y otras 10 personas procesadas habían sido convocadas bajo apercibimiento por el juzgado.
La defensa de Alcaraz, exfuncionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, objetó la competencia del magistrado Otazú para continuar con el caso, lo que derivó en la inmediata suspensión de la audiencia hasta que se resuelva la recusación.
La causa se centra en un supuesto esquema de corrupción relacionado con la adjudicación directa de 25.000 kits de alimentos durante la pandemia del COVID-19, entre marzo y julio de 2020. Según el Ministerio Público, la contratación de la empresa Tía Chela SRL fue manipulada para beneficiar de manera irregular a la firma.
Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez sostienen que Prieto, en su rol de ordenador de gastos, encabezó una estructura integrada por funcionarios municipales para desviar recursos mediante una licitación direccionada. El perjuicio estimado al erario público asciende a G. 2.130 millones, según la acusación.
Además de Miguel Prieto, enfrentan cargos por lesión de confianza y asociación criminal los siguientes exfuncionarios y colaboradores municipales: Maggi Fariña, coordinadora de la UOC, Sebastián Martínez, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal, Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas, Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisiciones, Cirle Alcaraz Ramírez, área financiera, Nelson Segovia, área financiera, José Félix Cáceres, jefe de Desarrollo Comunitario, Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes, Fermín Ávalos Britos, representante de Tía Chela SRL y Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de VANEMI S.A.
El Ministerio Público presentó una acusación de 93 páginas, en la que detalla los hechos, las supuestas irregularidades y las pruebas ofrecidas para solicitar la elevación del caso a juicio oral y público.
Por el momento, no hay nueva fecha para la audiencia preliminar, que deberá reprogramarse una vez que se resuelva el incidente de recusación planteado contra el juez.
