Además, se informó que la sala dictó 2.244 providencias y 1.054 autos interlocutorios el año pasado.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolillo, presentó su Informe de Gestión 2020, poniendo en conocimiento de la ciudadanía las estadísticas respecto a las labores realizadas por los ministros integrantes de la referida sala. El documento oficial fue publicado en el sitio web del Poder Judicial.
El reporte aclara que, si bien el ingreso de expedientes fue menor en comparación al año 2019, esto se debió a la suspensión de los plazos procesales, a raíz de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del Covid19.
Hasta el 31 de diciembre del presente año ingresaron a la Sala Civil 1.042 expedientes, en tanto que en 2019 se registró el ingreso de 1.286 expedientes. “Los integrantes de la Sala trabajaron con el objetivo principal de la reducción de la mora y la transparencia, ejes principales para lograr una mejor administración de justicia en cuanto a los expedientes ingresados” refiere el informe.
En lo referente a la política de transparencia, prosiguió la realización del sorteo público de preopinantes así como la transmisión de las Sesiones en cuanto a pronunciamientos que se consideran más trascendentes desde el punto de vista de interés jurídico. En ese sentido fueron realizados 21 sorteos durante el año, totalizando 604 expedientes sorteados, de los cuales 538 fueron para autos interlocutorios y 66 para acuerdos y sentencias.
Del total de las resoluciones dictadas durante el año, 58 corresponden a queja por apelación denegada, 74 a quejas por retardo, 23 por reposición, 70 por rhp tercera instancia, 174 por apelación de autos interlocutorios, 100 por apelación rhp y 100 de trámite.
La lista de resoluciones sigue con 27 las cuales atañen a aclaratorias, 69 a impugnaciones, 283 recusaciones, 64 resoluciones sobre cuestiones competencia, 125 acuerdos y sentencias y finalizando con 12 cartas de renuncias.
Los ministros de la Sala Civil sostienen que en cualquier ámbito en el que se administren intereses de terceros es una obligación fundamental rendir cuentas y más aún cuando se trata del desempeño de uno los poderes del Estado, en lo que hace su función misional. Por esta razón los integrantes de esta Sala, aún sin existir una obligación legal que lo obligue, han decidido transparentar más aún su actuar estableciendo la transmisión en vivo.
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