La jueza especializada en Niñez y Adolescencia, Pili Rodríguez, resaltó la importancia de los operativos interinstitucionales impulsados por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), cuyo objetivo primordial es la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en situaciones de abuso, explotación, maltrato u otras formas de vulneración.
En un reciente operativo encabezado por el MINNA, fueron rescatados 40 niños indígenas que se encontraban en situación de explotación infantil en las inmediaciones de la Estación de Buses de Asunción. La intervención fue posible gracias al trabajo coordinado entre diversas instituciones del Estado, enfocadas en la defensa de la infancia.
La magistrada explicó que, cuando el entorno familiar directo o ampliado no es capaz de garantizar el bienestar de los niños, es el Estado quien debe intervenir para asegurar la restitución de sus derechos fundamentales. “El niño tiene derecho a crecer en un ambiente familiar sano y libre de violencia”, afirmó.
Rodríguez subrayó que este tipo de situaciones requieren un abordaje interdisciplinario e intercultural, especialmente al tratarse de niños pertenecientes a comunidades indígenas. Se deben considerar aspectos fundamentales como su origen cultural, idioma y vínculos comunitarios, para no reproducir nuevas formas de violencia o desarraigo.
“La evaluación del entorno familiar debe ser minuciosa y respetuosa, analizando caso por caso, incluso para determinar si los padres o responsables tenían conocimiento pleno de la situación en la que se encontraban los niños”, señaló la jueza.
Agregó que son fundamentales los dictámenes de los equipos técnicos de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, antropólogos y otros profesionales que asesoran al juzgado para la toma de decisiones centradas en el interés superior del niño.
Comentó que, luego del rescate, se inicia un proceso para analizar el modelo familiar más adecuado que garantice una vida libre de violencia para los niños afectados. En este sentido, la jueza recordó la vigencia de la Ley N.º 6486/2020, que asegura el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse dentro de un entorno familiar protector.
En caso de que la reintegración a sus familias biológicas no sea posible o segura, se contempla la opción de ubicar a los niños en familias de acogida o alternativas, mientras se toma una decisión definitiva sobre su situación.
Finalmente, la magistrada reconoció la labor esencial del Ministerio de la Defensa Pública, que actúa como representante legal de los niños en estos procesos judiciales, velando por el cumplimiento de sus derechos y garantizando su participación en cada etapa del procedimiento.
