Varias organizaciones de la sociedad civil y abogados particulares han presentado un Amicus Curiae (o «Amigos del tribunal») en el caso “Zuccolillo vs. Paraguay”, actualmente en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La abogada Alejandra Peralta informó que, de manera conjunta con sus colegas abogados y miembros de la sociedad civil, hicieron su aporte jurídico, que fue admitido por la Corte Interamericana.
El Amicus Curiae es un documento presentado por un tercero ajeno al caso, con el propósito de ofrecer su opinión de manera voluntaria y colaborar con el tribunal. En este caso, la Corte IDH puede considerar esta opinión al momento de emitir su sentencia o una opinión consultiva, que es otra de sus facultades.
“El escrito aporta argumentos y análisis técnicos sobre el tema en discusión, enriqueciendo el proceso con información jurídica especializada que el tribunal puede tomar en cuenta para fundamentar su decisión. Esta figura está prevista en el artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este caso es crucial para fortalecer los estándares de protección a la libertad de expresión, especialmente cuando se aplican figuras penales como la calumnia y la difamación en relación con la difusión de información de interés público”, refirió Peralta Merlo.
Recientemente, el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), la Coordinadora de Abogados Anticorrupción, el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política — Investigación, Estudios y Acción Participativa para una Sociedad Democrática —, y los abogados Alejandra Peralta y Ricardo Merlo elaboraron y presentaron un amicus curiae a fin de que este criterio jurídico sea considerado por la Corte.
El abogado de IDEA, Federico Legal, fue notificado de la admisión del documento presentado por quienes buscan ser amigos de la Corte. Una vez admitido, el documento será puesto a disposición de las partes involucradas: el Estado paraguayo y los representantes de la víctima, para su consideración.
Con esta acción, las organizaciones y profesionales expertos en materia de derechos humanos buscan aportar criterios clave en defensa de los derechos fundamentales y a la consolidación de un marco legal que garantice la protección de la libre circulación de información en nuestro país y la región.
