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Piden que se cumpla con reparación, tras fallo de la ONU

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Familiares de Rubén Portillo, joven campesino fallecido en 2011 a consecuencia de fumigación con agrotóxicos, exigen que el Estado avance en el proceso de reparación, establecido en una resolución definitiva del Comité de Derechos Humanos de la ONU en agosto de 2019.

La principal demanda de la familia y la comunidad es la recuperación de las tierras del Indert que hoy están siendo explotadas por empresas que cultivan soja.

“Todo sigue igual, ellos (los sojeros) siempre fumigan, no ponen las barreras…como siempre hay gente que se enferma (…) yo esperaba que nadie más se enferme y que no le pase más a nadie como le pasó a mi hermano”, dice Norma, hermana de Rubén Portillo, quien falleció a los 26 años, en la Colonia Yerutí de Curuguaty, departamento de Canindeyú.

La muerte de Rubén Portillo se dio debido a que el Estado no actuó de forma diligente para prevenir el uso indiscriminado de agrotóxicos. Esto, sumado a una investigación negligente del caso por parte del Ministerio Público, derivó en una condena del Comité de Derechos Humanos de la ONU contra el Estado paraguayo, por haber violado el derecho a la vida, a la inviolabilidad de la vivienda y el acceso a la justicia eficiente, que investigue exhaustivamente y condene a los responsables del hecho, explican abogados de las organizaciones que acompañan el caso.

A más de un año de esa condena el Estado no hizo nada para reparar el daño. “Lo que estamos exigiendo en este momento al Estado es que se siente con las víctimas, porque acá ya hay una condena y le obliga al Estado a establecer una serie de medidas de reparación (…) El estado tiene que ir a hacer cumplir la ley, no es nada extraordinario tampoco, es lo que la ley del Indert y las leyes ambientales le mandan al Estado que haga de manera ordinaria”, explica el abogado Hugo Valiente, investigador de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

En ese sentido, el principal reclamo de la familia y la comunidad es que se recuperen las tierras de la colonia, creada en 1991 por el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), hoy Indert. Actualmente gran parte de la colonia está ilegalmente en manos de colonos que no cumplen con ninguno de los requisitos establecidos en el estatuto agrario, para ser beneficiarios de esas tierras, destinadas a que campesinos paraguayos y paraguayas trabajen la tierra.

Para Valiente, la situación es preocupante y grave, ya que en esta época inician nuevamente las fumigaciones masivas y extensas que contaminan cauces hídricos, el suelo y a la gente que sigue viviendo en el lugar.

La Codehupy y Base Investigaciones Sociales, que representaron a la familia en instancias internacionales, señalan que en tanto se avance con el acuerdo de reparación, el Estado debe brindar asistencia integral a las y los pobladores, además de comprometerse públicamente a avanzar con las medidas de reparación.

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