El ministro Eugenio Jiménez Rolón solicitó el inicio de una auditoría del expediente en el que se denuncia que un imputado por abuso sexual en niños fue beneficiado con arresto domiciliario por tener una hermana fiscal.
La jueza de garantías Carmen Román se encuentra en el ojo de la tormenta por conceder una medida menos gravosa a una persona imputada por, supuestamente, haber vulnerado a su propio hijo.
El abuso sexual en niños es considerado un crimen, y la expectativa de pena podría alcanzar hasta los 30 años, con el agravante de que el sospechoso del hecho es el padre biológico de la víctima.
La madre del niño ha denunciado los privilegios que ha obtenido el procesado desde el inicio del proceso penal, ya que ni siquiera cumplió con la prisión preventiva decretada en su momento: no estuvo recluido en Tacumbú, sino en Viñas Cue.
Se menciona que existe un privilegio real hacia el imputado, y se pide que se cumplan los mandatos de la justicia, porque no se persigue venganza, sino justicia para el niño de solo seis años.
Se alega que, incluso por las chicanas procesales, no se ha podido practicar la declaración del niño en Cámara Gesell, una prueba que se considera de vital importancia para evitar la revictimización del menor y en la que podrían plasmarse los abusos de los que fue víctima.
