Dentro del proceso penal abierto por el denominado esquema de la “mafia de los pagarés”, la jueza Nathalia Garcete, titular del juzgado de Paz de la Catedral (Segundo Turno), se convirtió en la primera magistrada de Paz en enfrentar audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú, en el marco del proceso que investiga una presunta red de corrupción judicial vinculada a la tramitación irregular de juicios ejecutivos.
La audiencia busca determinar si la jueza Garcete y otros procesados entre ellos funcionarios judiciales y abogados litigantes que litigaban en su juzgado irán a juicio oral por su supuesta participación en maniobras fraudulentas que afectaron a miles de ciudadanos.
Garcete está acusada por los presuntos hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la jueza habría dictado resoluciones judiciales con base en informes falsos elaborados por ujieres notificadores y actuarios, y en algunos casos emitió decisiones sin consignar fechas.
La investigación sostiene que estas actuaciones formaban parte de un entramado delictivo orientado a defraudar a jubilados y funcionarios públicos, a través de la ejecución de pagarés falsificados o por deudas inexistentes, algunas de ellas ya canceladas. Incluso se detectaron pagarés que no cumplían los requisitos legales mínimos para iniciar un proceso ejecutivo, lo que pone en evidencia una grave distorsión en la aplicación de la justicia de Paz.
La acusación fiscal comprende a unas 70 personas entre jueces, exjueces, actuarios, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados representantes de empresas de cobranza. El caso ha sido descrito por los investigadores como uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en la historia reciente, debido a la forma irregular y masiva en que se gestionaban los expedientes.
Según la investigación, miles de causas judiciales habrían sido trasladadas o almacenadas en oficinas privadas, en abierta violación de las normas procesales, lo que permitía manipular los expedientes y avanzar en embargos sin conocimiento de los supuestos deudores. Estas prácticas ocasionaron descuentos indebidos en salarios y haberes jubilatorios durante años.
Además del proceso penal, la jueza Garcete enfrenta un expediente disciplinario ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En esa instancia, el fiscal acusador solicitó su destitución, argumentando que la magistrada ordenó embargos en cerca de 60 causas sin fecha, beneficiando directamente a las empresas que promovían los juicios.
El JEM analiza las actuaciones de la magistrada bajo el criterio de graves irregularidades funcionales y violación del deber de imparcialidad judicial, lo que podría derivar en su separación definitiva del cargo si se confirman las sospechas.
En su descargo, Nathalia Garcete negó haber actuado con mala fe y alegó que, al detectar irregularidades en algunos procesos, ordenó frenar los embargos decretados. Su defensa sostiene que la jueza no participó deliberadamente del esquema y que su actuación se limitó a resolver causas dentro del marco de la información que obraba en los expedientes.
La investigación de la “mafia de los pagarés” ha puesto al descubierto una estructura ilícita dentro del sistema de justicia, que durante años habría permitido la ejecución de juicios falsos para el cobro indebido de deudas, afectando a miles de personas en todo el país.
