En medio del debate sobre la iniciativa que impulsa una reforma de la Caja Fiscal, la jueza especializada Lici Sánchez manifestó la preocupación existente en el sector de la magistratura ante la información que circula en torno al proyecto. La magistrada advirtió que persisten dudas sobre la veracidad y el alcance de los datos que llegan a conocimiento de los jueces.
“Desconocemos si las informaciones que nos llegan son reales, firmes o son rescatadas de forma parcial del documento que está sobre la mesa de estudio. Hasta donde entiendo, aplicar una ley general a instituciones con problemáticas totalmente diferentes es el primer obstáculo. Nosotros tenemos una normativa que nos habla de derechos adquiridos. El tratamiento de cada situación debe ser personalizada con cada institución”, expresó.
Sánchez señaló que uno de los principales cuestionamientos radica en la posibilidad de aplicar una legislación uniforme a sectores con realidades distintas. En ese sentido, subrayó que el Poder Judicial cuenta con un marco normativo propio que contempla derechos ya adquiridos por sus integrantes.
Asimismo, hizo referencia al proceso de transición que implicaría la eventual entrada en vigencia de una nueva normativa. “El Poder Judicial se tiene que preparar para la transición, no hay vuelta de hoja en eso. Muchos no nos estamos yendo porque tenemos un compromiso con el cargo. Creo que la aplicación de la nueva ley debe hacerse en un plazo prudencial, más allá de los intereses particulares de cada magistrado, por el interés general de la República del Paraguay. Nosotros somos órganos de aplicación de la ley; esta es una parte que no se puede improvisar y no se puede dejar el cargo acéfalo, porque eso afectará directamente a la ciudadanía”, sostuvo.
En cuanto a los cambios concretos que contempla la propuesta, la jueza indicó que uno de los puntos sensibles es el incremento del aporte jubilatorio. “Con esta nueva ley a nosotros nos hacen subir nuestro aporte a 19%, cuando con la ley vigente nuestro aporte es del 17%. Me hace también una indicación respecto a la edad: hay un mínimo de 57 años para jubilarse, para retirarse. Otro aspecto que nos preocupa es que los cargos administrativos o en otras instituciones, en la que nos reconocen el 2 por 1 con la ley vigente, eso no se respetó en la Cámara Baja. Si quieren que salgamos todos, es necesario que nos mantengan el 2 por 1 con el porcentaje que nos exigen aportar”, afirmó.
La magistrada, reconocida dentro del Poder Judicial por la firmeza en su actuar y su trayectoria, insistió en que el debate debe darse con información clara y completa, atendiendo las particularidades de cada sector y evitando decisiones que puedan afectar la estabilidad institucional y el servicio a la ciudadanía.
