El Poder Judicial hizo efectiva la entrega de 15 inmuebles más del usurero condenado Ramón González Daher a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). De los 141 inmuebles comisados en la causa por usura, 89 ya pasaron a nombre del Estado.
Los documentos entregados a la institución encargada de administrar los bienes incautados en procesos corresponden a 15 inmuebles pertenecientes a Ramón González Daher y a su hijo, Fernando González Karjallo. En total, el Juzgado de Ejecución Penal, a cargo de Sandra Kirchhofer, ha entregado 89 inmuebles de los 141 establecidos por sentencia.
Durante la entrega de la documentación, la magistrada hizo mención a la importancia de este proceso, debido a que representa un gran avance para el Estado paraguayo, teniendo en cuenta el trabajo conjunto de las instituciones involucradas y comprometidas a garantizar seguridad jurídica en los procesos.
Los representantes de Senabico, el abogado Sergio Benítez y el economista Guido Burgos, manifestaron su satisfacción por el avance en la entrega legal y material de estos inmuebles, que fueron adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas, y que ya pasan a dominio definitivo del Estado.
La transferencia se realizó conforme a lo establecido por la Ley N.º 5.876/17, de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Acompañó la entrega la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encabezada por el abogado Alcides Insaurralde.
La Senabico es el órgano técnico superior y especializado encargado de la custodia, administración y disposición de los bienes de interés económico incautados, comisados o abandonados.
En esta causa, Ramón González Daher fue condenado a 15 años de prisión por los tipos penales de usura, lavado de dinero y denuncia falsa. Mientras que su hijo, Fernando González Karjallo, fue sentenciado a cinco años de prisión por lavado de dinero en grado de complicidad.
Igualmente, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Claudia Criscioni, ordenó el comiso de bienes y dinero por unos 47 millones de dólares de ambos sentenciados.
Esta sentencia es considerada histórica, no solo por la connotación que posee, dada la cantidad de víctimas que fueron perjudicadas por el “préstamo” usurario que el condenado les hacía, sino porque, una vez saldada la deuda, estas eran igualmente reclamadas judicialmente por el condenado.
La causa se encuentra en proceso de ejecución de la sentencia condenatoria de los encausados, así como en la ejecución de sus bienes, que van pasando a nombre del Estado, el cual ya puede disponer de estos inmuebles y utilizar los fondos que provengan de sus ventas para los fines que establece la ley.
