Los abogados Luis Samaniego y Daniel Garcete, defensores de Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, han presentado un incidente solicitando la nulidad de la declaración indagatoria, argumentando que se le negó su derecho de comunicarse con el consulado de su país y al omitir informarle la información de que tenía 24 horas para designar un defensor de su confianza.
La defensa alega que los derechos y garantías de la imputada fueron vulnerados ante esta situación, por lo que solicitan que la diligencia practicada el día de su arribo al país (21-05-25) sea anulada.
“La Convención de Viena (art. 36), incorporada al bloque de constitucionalidad, impone a toda autoridad (fiscal, juez, policía) la obligación de informar sin demora al detenido extranjero de su derecho a comunicarse con su consulado. Esa obligación no es facultativa ni recomendable: es norma de rango constitucional y convencional de cumplimiento estricto”, afirman los defensores, quienes buscan dejar sin efecto la indagatoria de la procesada.
Agregan que el incumplimiento por parte de las autoridades locales vulnera el derecho al debido proceso y a la defensa técnica efectiva. La falta de información sobre el derecho consular no solo constituye una infracción administrativa o diplomática, sino que, en casos como el de Gianina García, afecta directamente la validez del acto procesal realizado y lo vicia de nulidad absoluta, conforme lo dicta la norma.
Por último, la defensa sostiene que la jueza Rosarito Montanía ha vulnerado el derecho de la imputada al designar un abogado público sin previamente preguntarle o darle la oportunidad de comunicarse con el consulado colombiano, por lo que solicitan que esta audiencia sea anulada por estar viciada.
Gianina García se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué. Soporta cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en el marco del esquema de tráfico internacional de drogas liderado por su esposo, el prófugo de la justicia, el uruguayo Sebastián Marset.
