La Corte Suprema de Justicia trabaja en una nueva acordada que busca reglamentar formalmente la figura de la asesoría de prueba, un mecanismo procesal clave en el cumplimiento de salidas alternativas al juicio oral otorgadas en los procesos penales sin relevancia penal.
El objetivo central de esta iniciativa es fortalecer los mecanismos de control y supervisión sobre las reglas de conducta impuestas a personas beneficiadas con la suspensión condicional del procedimiento o la condena a prueba.
La propuesta normativa fue elaborada por la Oficina Técnica Penal (OTP) y plantea establecer un marco regulatorio claro para la implementación y seguimiento de esta figura. Actualmente, la asesoría de prueba se aplica en casos donde los beneficiarios de medidas alternativas requieren una supervisión externa que garantice el cumplimiento de las condiciones impuestas por los juzgados.
La presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema, ministra Carlina Llanes, explicó que esta reglamentación es una necesidad urgente para dar mayor eficacia a las decisiones judiciales que otorgan medidas alternativas.
“Se necesita la reglamentación de la asesoría de prueba, que tiene que ver con el control del cumplimiento de las reglas de conducta establecidas en los procesos de suspensión condicional del procedimiento y suspensión condicional de la condena a prueba”, señaló Llanes.
Asimismo, la ministra adelantó que la implementación será gradual, comenzando por ciertos sectores vulnerables del sistema penitenciario:
“La idea es plantear una implementación gradual, en primer lugar con relación a las mujeres privadas de libertad en Capital y Central, y paulatinamente, conforme a la evolución de este planteamiento, ir aplicando a todos los otros sistemas penitenciarios”, detalló.
Esta iniciativa se enmarca en un convenio firmado entre el Ministerio de Justicia y una organización de la sociedad civil, lo que permitirá que la asesoría de prueba sea gestionada por una institución externa al sistema judicial como reza la norma.
“Esto surge a partir de un convenio que tiene el Ministerio de Justicia con una organización de la sociedad civil, porque en realidad, conforme a la concepción legal, la asesoría de prueba tiene que estar a cargo de una institución externa al sistema de justicia, a los efectos de involucrar a la sociedad civil en el control encaminado a una reinserción social efectiva”, explicó la ministra Llanes.
Con esta reglamentación, la Corte Suprema busca mejorar el sistema de justicia penal, dotando de mayor eficacia y transparencia a las medidas alternativas, y promoviendo un acompañamiento real y efectivo que contribuya a la reinserción social de las personas en conflicto con la ley.
La acordada se encuentra actualmente en etapa de análisis y ajustes, con la participación de técnicos especializados y autoridades judiciales, y se espera que su implementación marque un paso importante hacia un sistema penal más humano, eficiente.
