La Corte Suprema de Justicia presentó una nueva iniciativa legislativa que busca cerrar el paso a uno de los esquemas de fraude más graves y sistemáticos en el sistema judicial paraguayo: la llamada mafia de pagarés. El proyecto propone otorgar a los jueces de Paz la facultad de levantar embargos sobre sueldos y jubilaciones cuando se trate de expedientes extraviados o inexistentes físicamente en los juzgados.
Este proyecto de ley apunta a brindar una respuesta rápida y efectiva a las víctimas del esquema, principalmente funcionarios públicos y jubilados, que han sido objeto de descuentos arbitrarios e ilegales en sus salarios, incluso en casos en que las deudas ya habían sido canceladas o los juicios se basaban en documentos presuntamente falsificados.
“Tomé contacto con varios senadores y, como iniciativa legislativa, pido que se envíe este anteproyecto al Congreso. La suspensión de cualquier emolumento se dará por el tiempo que dure la reconstitución del expediente”, expresó el ministro de la Corte, Alberto Martínez Simón, principal impulsor de la propuesta.
La iniciativa surge ante la alarmante situación en la que muchas personas, sin acceso real a su expediente judicial que supuestamente justifica el embargo de sus haberes, se ven afectadas por medidas ejecutadas sin posibilidad de defensa efectiva. En la práctica, se les descuenta parte de su salario o jubilación sin que haya un expediente físico que lo respalde o sin haber sido notificados debidamente del proceso en su contra.
De aprobarse el proyecto, los jueces de Paz quienes habitualmente intervienen en juicios ejecutivos de menor cuantía podrán ordenar la suspensión inmediata de los descuentos cuando detecten irregularidades relacionadas con la inexistencia o extravío del expediente judicial. Esta medida tendría vigencia hasta que se reconstituya adecuadamente el expediente, garantizando así el derecho a la defensa y la legalidad del proceso.
El pleno de la Corte Suprema aprobó por unanimidad la remisión del anteproyecto al Congreso Nacional, desde donde se espera su pronto tratamiento. De convertirse en ley, esta herramienta permitiría frenar el avance de maniobras que durante años se aprovecharon de los vacíos legales y la falta de control documental.
Este proyecto representa un paso clave en el combate frontal al esquema conocido como la “mafia de pagarés”, una red delictiva que operó mediante juicios ejecutivos fraudulentos, utilizando pagarés adulterados o cobrando deudas ya saldadas. Hasta el momento, más de 70 personas se encuentran procesadas en relación con estos hechos, incluyendo jueces, funcionarios judiciales, ujieres y abogados, presuntamente involucrados en el fraude serial.
El caso ha generado un profundo escándalo judicial, especialmente por el perfil de las víctimas: personas jubiladas o con ingresos fijos limitados, muchas de las cuales vieron sus economías gravemente afectadas sin haber tenido conocimiento de los procesos iniciados en su contra. La propuesta de la Corte busca restaurar la confianza en el sistema judicial y, al mismo tiempo, brindar una herramienta inmediata de protección a los afectados.
De avanzar el proyecto en el Congreso, será una señal clara de que las instituciones del Estado están comprometidas con el saneamiento del sistema de justicia y la defensa de los derechos fundamentales.
