El juez penal de Ejecución, Juan Bautista Silva Ucedo, defendió la tutela jurisdiccional general que dictó en favor de todas las mujeres privadas de libertad del Centro Penitenciario de Mujeres COMPLE, tras la intervención realizada el 17 de octubre último, mediante la cual emplazó al Ministerio de Justicia a corregir las insuficiencias estructurales y de servicios básicos detectadas en el establecimiento.
Consultado sobre el plazo de 22 días hábiles otorgado al Ministerio de Justicia, cuyo vencimiento se produjo en noviembre y la ausencia de procesamientos o denuncias contra responsables, el magistrado explicó que el Ministerio se abocó a realizar adecuaciones conforme a los estándares internacionales, dentro de las limitaciones presupuestarias existentes.
Silva Ucedo señaló que la tutela jurisdiccional general abarcó solo una parte de la problemática que afecta a las internas, pero que durante el control penitenciario realizado el 22 de diciembre se corroboró el cumplimiento efectivo de las exigencias establecidas en la resolución judicial. En ese sentido, consideró razonable la necesidad de un mayor plazo para la adecuación integral del penal, teniendo en cuenta que se trata de un establecimiento recientemente habilitado.
En un mensaje con fuerte contenido humanitario, el juez recordó que estas fechas cercanas a la Navidad evocan el pasaje bíblico que señala: “Estuve en la cárcel y me visitaste”, remarcando que precisamente esas situaciones fueron observadas y atendidas mediante la tutela dispuesta.
El magistrado dejó en claro que su rol como juez Penal de Ejecución no es perseguir penalmente, sino garantizar la rehabilitación y la posterior reinserción social de las personas condenadas, para lo cual resulta imprescindible el respeto irrestricto de la dignidad humana, tal como lo establecen la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados por el Paraguay y la legislación vigente.
Finalmente, Silva Ucedo advirtió que tanto en el COMPLE como en cualquier otro establecimiento penitenciario del país, de constatarse situaciones que vulneren las normativas legales y convencionales, las denuncias correspondientes serán realizadas ante las instituciones nacionales y los organismos internacionales competentes, reafirmando así su compromiso con la protección de los derechos de las personas privadas de libertad.
