El juez de Ejecución Penal de Cordillera, Juan Bautista Silva, emitió una resolución mediante la cual ordenó de oficio la tutela jurisdiccional de carácter general a favor de las 651 mujeres privadas de libertad recluidas en el Complejo Penitenciario para Mujeres de Emboscada, conocido como COMPLE.
La medida fue adoptada tras la realización de un control penitenciario extraordinario llevado a cabo el pasado 17 de octubre en las instalaciones del penal. Durante la inspección, se constataron graves deficiencias estructurales y de condiciones de vida, como la falta de ventilación e iluminación adecuadas en las celdas, baja presión de agua en los sanitarios, ingreso de aguas servidas a los pabellones, y deficiente organización en la provisión de alimentos, entre otras problemáticas.
En su resolución, el juez Silva citó el cumplimiento de los artículos 21 y 19 de la Constitución Nacional del Paraguay, así como diversos artículos del Código de Ejecución Penal, que garantizan la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
“El Juzgado ha constatado que muchas de las condiciones mínimas exigidas por la ley no se encuentran garantizadas en el COMPLE. Por lo tanto, esta resolución busca asegurar el respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las internas”, señala el fallo.
Entre las medidas ordenadas por el magistrado se incluye: Garantizar la provisión adecuada de alimentos, asegurar iluminación, calefacción y ventilación adecuadas en todas las celdas, optimizar el sistema de agua corriente en pabellones y baños e informar a las internas sobre sus derechos, reglamentos y protocolos internos, asi como el de establecer mecanismos claros de disciplina, recompensas y visitas familiares.
Además, se ordena que todas estas deficiencias sean subsanadas en un plazo de 22 días hábiles, bajo apercibimiento de ley. Pasado este tiempo, el juzgado volverá a constituirse en el penal para verificar el cumplimiento efectivo de las disposiciones.
El fallo también fue notificado al Viceministerio de Política Criminal y a la Dirección del COMPLE, quienes tendrán la responsabilidad directa de ejecutar las acciones requeridas.
Esta tutela de carácter general, dictada de oficio, sienta un precedente importante en la protección de los derechos de las mujeres privadas de libertad en Paraguay, y refuerza el rol activo del Poder Judicial en la supervisión de las condiciones carcelarias de las personas privadas de su libertad.
