La Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico formalizó imputación contra cinco funcionarios públicos y altos mandos de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a quienes atribuye presuntos vínculos con una estructura criminal relacionada con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre. La Fiscalía sostiene que los investigados habrían utilizado recursos y posiciones estratégicas dentro del Estado para favorecer a la organización y obstaculizar investigaciones.
Entre los imputados se encuentran Helga Solís Gómez, exasistente fiscal y sobrina de Gomes; el coronel Aldo Pintos Martínez, comandante de Fuerzas Especiales de la SENAD y pareja de Solís; Hugo Baptista Báez, director general Antidrogas de la SENAD y primo de Gomes; Cristian Amarilla Cabaña, director de Inteligencia de la institución; y Alicia Vázquez Samaniego, jefa de Investigación del Crimen Organizado de la SENAD.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, los funcionarios habrían puesto presuntamente parte de la infraestructura estatal y sus posiciones dentro de organismos de seguridad y justicia al servicio de la estructura investigada, con el objetivo de favorecer sus intereses y evitar el avance de procedimientos en su contra.
Filtración de operativo
Entre los hechos señalados por la Fiscalía figura la presunta filtración del Operativo Sanctus, registrada en diciembre de 2023. Según la imputación, información relacionada con el procedimiento habría llegado a manos de Gomes antes de un allanamiento.
La Fiscalía sostiene que, minutos antes del operativo, Gomes habría utilizado su vehículo para rescatar a Ronaldo Mendes Nunes, señalado como presunto integrante del Comando Vermelho. Posteriormente, siempre según la investigación, se habrían eliminado evidencias fotográficas relacionadas con ese episodio.
Otro de los hechos mencionados corresponde al caso Pavo Real I. Conforme al relato fiscal, funcionarios de la SENAD habrían omitido en los informes finales la presunta vinculación de Gomes con la propiedad denominada Estancia Negla Poty.
Tráfico de armas y presuntas maniobras judiciales
La investigación también contempla hechos relacionados con el presunto tráfico ilegal de armas de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, así como supuestas maniobras destinadas a favorecer a personas procesadas mediante la obtención de medidas alternativas a la prisión.
En su imputación, el Ministerio Público atribuyó a los cinco investigados los presuntos hechos punibles de asociación criminal, frustración de la persecución penal agravada, omisión de evitar delitos, tráfico de armas y tráfico de influencias.
Ante la expectativa de penas y el riesgo de obstrucción de la investigación, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los cinco imputados. Como fundamento, sostuvo que los investigados tendrían capacidad para alterar evidencias y ejercer presión sobre subordinados, a partir de las funciones que desempeñaban dentro de las instituciones públicas.
La investigación deberá determinar ahora el grado de participación que habría tenido cada uno de los imputados en los hechos atribuidos por el Ministerio Público y si existen elementos suficientes para sostener las acusaciones durante las siguientes etapas del proceso penal. Hasta el momento, solo Hugo Baptista Báez fue detenido.
