Imputado exministro del MOPC de la era Cartes por caso Metrobús

La agente fiscal María Estefanía González imputó por lesión de confianza a Ramón Jiménez Gaona exministro de Obras Públicas y Comunicaciones de la era Cartes por el fallido proyecto Metrobús.

Luego de siete años el Ministerio Público formuló imputación contra Jiménez Gaona, Marta Regina Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz exfuncionarios del MOPC.

La agente fiscal de la causa menciona que existen suficientes elementos de convicción que hacen sospechar de la existencia del hecho punible de lesión de confianza. Refiere la fiscalía como acto inicial de investigación la denuncia formulada por Ricardo Pankow el 28 de mayo del 2018 contra los hoy imputados.

Además, menciona el escrito de imputación que el 19 de febrero del 2016 la empresa Mota-Engil Ingeniería fue adjudicada para la ejecución de las obras, sin embargo, el ministro de Obras entonces Jiménez Gaona, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades de las obras no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de las obras que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos.

Se menciona que durante la gestión de Jiménez Gaona del 2016 al 2018, fecha en que ya cesaron las obras no se contaba con los permisos de los municipios afectados como la de San Lorenzo y la de Asunción. Que incluso se iniciaron la sobras sin contar con el diseño final de las obras.

Que tampoco se contó con un estudio hidrológico aprobado con la validación del fiscalizador, lo que posiblemente vulneró lo establecido en el contrato con la firma adjudicada para la realizar la obra.

Consecuentemente se habría pagado 29 certificaciones por un valor de 29 millones de dólares por obras que no cumplirían las especificaciones técnicas y que no servirían para la finalidad del Programa de Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno, Metrobús, dice el acta de imputación contra Jiménez Gaona.

El Ministerio Público pide la aplicación de medidas alternativas a la prisión y la inhibición de enajenar y gravar bienes de los imputados.

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