El Ministerio Público reportó 6.672 denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario en todo el país entre enero y noviembre del presente año, una cifra que refleja la magnitud de una problemática que afecta directamente a niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con datos del Observatorio de la Fiscalía.
Según la Oficina de Estadísticas de la institución, 4.270 denuncias, equivalentes al 65 % del total, involucran a padres de entre 30 y 45 años, lo que evidencia que la mayor carga de estos casos recae en adultos en edad productiva. El impacto social de este hecho punible se intensifica en periodos sensibles como Navidad, Año Nuevo y Reyes, cuando la falta de asistencia alimentaria profundiza la vulnerabilidad de las familias afectadas.
Las mayores cantidades de denuncias se concentran en Central, con 1.933 casos, seguido por Alto Paraná (859), Caaguazú (442), Itapúa (433) y Asunción (419).
Otras zonas del país también presentan números relevantes: San Pedro registró 342 denuncias, Cordillera 330, Concepción 328, Guairá 262, Canindeyú 254 y Misiones 241.
Asimismo, se contabilizaron 188 denuncias en Amambay, 185 en Paraguarí, 160 en Caazapá, 124 en Presidente Hayes, 96 en Ñeembucú, 67 en Boquerón y 9 en Alto Paraguay, conforme a los registros fiscales.
Las estadísticas revelan que el grupo más afectado corresponde a niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 9 años, franja etaria que concentra el 36 % del total de las víctimas.
El artículo 225 del Código Penal Paraguayo sanciona el incumplimiento del deber legal alimentario. En su primer inciso, establece penas de hasta dos años de prisión o multa cuando la omisión empeora las condiciones básicas de vida del alimentante. En los casos en que el incumplimiento recaiga sobre obligaciones fijadas en convenios o resoluciones judiciales, la pena puede alcanzar hasta cinco años de privación de libertad o multa.
