El fiscal Francisco Cabrera encabezó uno de los procedimientos realizados en oficinas del grupo empresarial, donde se encontró una importante cantidad de documentación que deberá ser examinada. También fueron incautados equipos informáticos y halladas cajas fuertes cuya apertura quedó pendiente. El Ministerio Público busca identificar elementos que permitan profundizar la investigación que ya tiene a 27 personas imputadas.
La Fiscalía inició una nueva etapa de trabajo en la investigación del caso Ueno Bank: la clasificación y el análisis del volumen de documentos incautados durante los distintos allanamientos realizados en dependencias vinculadas al Grupo Vázquez.
El agente fiscal Francisco Cabrera, responsable de la causa, encabezó anoche uno de los procedimientos en una de las oficinas del grupo empresarial. En el lugar se encontró una importante cantidad de documentación que, por su volumen, no pudo ser examinada íntegramente durante la diligencia.
Según explicó el representante del Ministerio Público, se realizó un registro primario y posteriormente se dispuso el lacrado de la oficina, con el propósito de preservar el material y continuar el trabajo con apoyo de otras instituciones especializadas en la clasificación y el análisis documental.
La búsqueda estuvo orientada principalmente a localizar documentos relacionados con las sociedades que integran la estructura empresarial investigada. Algunas de estas firmas ya fueron individualizadas en el acta de imputación, aunque también se recabó material correspondiente a otras empresas.
Documentos, equipos informáticos y cajas fuertes
Entre los elementos encontrados durante el procedimiento figuran:
Una importante cantidad de documentos vinculados a empresas que forman parte de la estructura investigada.
Documentación correspondiente a otras sociedades comerciales.
Equipos informáticos.
Cajas fuertes, cuya apertura quedó pendiente y deberá realizarse con intervención de un profesional idóneo, para evitar daños en sus mecanismos de seguridad.
El análisis de estos elementos será una de las tareas centrales de la siguiente fase investigativa. La documentación deberá ser clasificada e individualizada para determinar su contenido, su relación con las empresas investigadas y su eventual utilidad como evidencia dentro de la causa.
La intervención de especialistas en informática y otras áreas técnicas también será relevante para el tratamiento de los dispositivos incautados, atendiendo a la necesidad de preservar la información que pudieran contener.
Amplio despliegue fiscal y policial
El operativo estuvo encabezado por Cabrera y contó con el acompañamiento de los agentes fiscales Yeimy Adle, Jorge Arce, Silvio Corbeta, Elena Fiore, Silvia González, Marlene González y Ruth Benítez.
También participaron efectivos de los departamentos de Delitos Económicos, Contra el Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional. Los procedimientos se ejecutaron en cumplimiento de un mandamiento judicial de allanamiento y secuestro de objetos.
La Fiscalía informó que las diligencias no se limitaron a una sola dependencia, sino que alcanzaron otros puntos y que los trabajos continuarán con el propósito de reunir elementos para esclarecer los hechos investigados.
Una causa con 27 personas imputadas
Como antecedente, el Ministerio Público formuló imputación contra 27 personas por la presunta comisión de los hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
En este contexto, los documentos y dispositivos encontrados durante los allanamientos adquieren especial relevancia para reconstruir las operaciones de las empresas involucradas y establecer, mediante evidencias, las eventuales responsabilidades individuales.
Por ahora, el hallazgo de documentación y otros objetos no implica, por sí mismo, la comprobación de los hechos atribuidos. El desafío para los investigadores será transformar el material incautado en elementos probatorios concretos, mediante procedimientos técnicos, trazabilidad documental y análisis de las operaciones bajo sospecha.
