El Congreso Nacional se encuentra en el centro de una nueva crisis institucional tras la filtración de audios que involucrarían a los senadores Norma Aquino, conocida como “Yamy Nal”, y Javier Vera, apodado “Chaqueñito”, en presuntas negociaciones irregulares que incluyen venta de votos, distribución de fondos públicos y posibles hechos de corrupción relacionados con donaciones internacionales.
Ante la gravedad del caso, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ordenó la apertura de una investigación penal, designando al fiscal Luis Piñánez como responsable del caso. La medida fue tomada luego de que se hicieran públicos varios audios atribuidos a los legisladores, en los que se mencionan pagos de hasta 20.000 dólares por voto, arreglos políticos internos, sobrefacturación, tráfico de influencias y supuestas maniobras con una donación de la República de China (Taiwán), destinada al Congreso Nacional.
En los audios difundidos por medios locales, se escuchan presuntas conversaciones entre los senadores implicados y terceros, donde se habla de pagos para asegurar votos, solicitudes de cargos públicos, y uso indebido de bienes o fondos estatales, incluyendo supuestos contratos de alquiler de vehículos con Itaipú Binacional y promesas de beneficios mensuales.
Una de las grabaciones hace referencia directa a la donación de Taiwán, la cual habría sido utilizada según se menciona en los audios para comprar voluntades políticas dentro del Congreso. También se habla de presuntos esquemas de reparto entre legisladores, incluso con la frase: «nuestro voto vale 20.000 dólares».
Ambos senadores implicados han negado las acusaciones y ponen en duda la autenticidad de las grabaciones. No obstante, la presión política y mediática crece, y ya se discute dentro del Senado la posibilidad de que se realicen peritajes para comprobar si las voces corresponden efectivamente a los legisladores.
De forma paralela, algunos sectores del Congreso ya evalúan la aplicación de sanciones institucionales si se comprueban responsabilidades, incluyendo una eventual pérdida de investidura.
A partir de la apertura de la carpeta fiscal, el Ministerio Público debe analizar el contenido completo de los audios y convocar a los involucrados.
El escándalo representa un fuerte golpe a la imagen del Congreso y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, transparencia y sanción en el ámbito legislativo.
