Los fiscales Marcelo Pecci y Sussy Riquelme apelaron la medida alternativa a la prisión para directivos de Imedic.
La semana pasada la justicia le otorgó medidas alternativas a la prisión a Patricia Ferreira y Nidia Godoy. El Ministerio Público considera que ambas deben estar en prisión preventiva por la gravedad del hecho, teniendo en cuenta que ambas soportan proceso por falsificación de facturas que permitieron importar medicamentos en asociación criminal y posteriormente lo comercializaron a nivel nacional. El hecho es especialmente grave teniendo en cuenta que dichos medicamentos son suministrados a pacientes con cáncer de mamas.
Según los argumentos de la fiscalía, “notoriamente” la jueza Clara Ruíz Díaz “omitió” el deber de pronunciarse al respecto, excusándose simplemente en que “tal decisión es una facultad del órgano jurisdiccional cuando considere…”.
En otra parte de la apelación, la fiscalía afirma textualmente que “el Juzgado, en su afán de favorecer a la encausada Nidia Godoy Ojeda menciona que tiene arraigo laboral en Imedic, y que paradójicamente, es la persona jurídica que dirigía y que sirvió de plataforma de los ilícitos penales que se le imputan, situación que representa una falta total de razonabilidad, en una muy mal ensayada justificación de arraigo. Con ese mismo fin, la magistrada acotó que los hijos de Patricia Beatriz Ferreira Pascottini dependen “exclusivamente” de ella, pasando por alto que el orden normativo vigente preceptúa que la patria potestad la ejercen en igualdad de derechos y obligaciones, el padre y la madre con respecto a sus hijos menores, no emancipados”.
Para los investigadores, queda claro que las imputadas, al inicio de la investigación permanecieron prófugas e incluso contaban con una orden de rebeldía, dictada por la entonces jueza Lici Sánchez. La resolución hoy apelada y se busca en alzada sea revocada, es la dictada por la jueza Clara Ruiz Díaz.
