Está próximo a realizarse un juicio oral y público en el marco de un proceso penal abierto contra dos abogados civilistas, José María Galeano y Federico Arce, ambos acusados por el agente fiscal Giovani Grisetti por el supuesto hecho punible de usurpación de funciones públicas. La causa se origina en una notificación de demanda realizada al diputado Yamil Esgaib, quien, posteriormente, presentó una denuncia contra personas innominadas.
Según relató el abogado José María Galeano a Judiciales Net, el caso se convirtió en un verdadero calvario para acceder a la carpeta fiscal, y recién se enteraron de la imputación por medio del juzgado de garantías. Galeano afirmó que, tras cuatro meses intentando conocer los detalles del proceso, recién cuando recusaron al fiscal Grisetti pudieron acceder al expediente, lo que les permitió comenzar a preparar su defensa. Hasta ese momento, nunca fueron citados ni a declaración indagatoria, salvo pocos días antes de la audiencia preliminar.
El abogado señaló que el caso fue manejado con extremo sigilo, y cuando finalmente accedieron al expediente ya se habían tramitado todas las diligencias investigativas, incluidas pericias, sin su participación o conocimiento. Añadió que, desde el inicio, recibieron un trato hostil por parte de la unidad del fiscal Grisetti, con quien intentaron en múltiples ocasiones reunirse para conocer las razones detrás de la imputación. Sin embargo, el agente fiscal les negó acceso al expediente bajo el argumento de que «no eran partes», a pesar de que ya figuraban como imputados en la causa.
Para el profesional imputado, no se cumplen los requisitos legales para sostener la imputación por usurpación de funciones, ya que el oficial de justicia cuya función supuestamente fue usurpada no es un funcionario del Poder Judicial, ni recibe remuneración del Estado. Por el contrario, son las partes quienes le proveen los recursos para realizar las diligencias de notificación. Aun así y contra toda lógica jurídica, según sostiene Galeano, ambos profesionales están a las puertas de un juicio oral donde se debatirá el caso.
El abogado advirtió sobre el peligroso precedente que este juicio podría sentar para todos los abogados litigantes, dado que las acciones por las cuales son procesados como la realización de notificaciones forman parte de prácticas habituales en el ejercicio profesional, especialmente en procesos civiles donde el impulso procesal recae muchas veces en las propias partes.
«Este tipo de actividades son comunes entre los abogados. Muchas veces somos nosotros quienes debemos acelerar los procesos, hacer notificaciones, gestionar los cobros. Si esto se convierte en delito, todos estamos en riesgo», expresó.
En ese sentido, Galeano también apunta a posibles motivaciones políticas detrás del proceso. Señaló que, en la etapa en que el caso comenzó a tomar velocidad, el fiscal Giovani Grisetti estaba ternado para el cargo de fiscal adjunto, lo cual sugiere podría haber influido en la inusual rapidez y rigurosidad de la actuación fiscal.
«No sé si hubo alguna promesa, pero la celeridad es llamativa. Y la intervención del diputado en un caso como este, que en principio no le afectaba directamente, también levanta muchas sospechas. Grisetti, evidentemente, estuvo revisando el Código Penal para ver bajo qué supuesto podía acusarnos, y nos imputó por usurpación de funciones», manifestó Galeano.
El abogado considera que si el proceso culmina con una condena, se estaría criminalizando el ejercicio legítimo de la abogacía, sentando un precedente nefasto para toda la profesión.
«Si esto prospera y termina en una condena, será un golpe muy grave para los abogados que ejercen de forma legítima. Seremos perseguidos por hacer nuestro trabajo», concluyó.
