Gracias a la gestión rigurosa de la defensora pública Leticia Casaccia, una docente jubilada del Chaco paraguayo logró recuperar el acceso a sus ingresos, tras años de sufrir descuentos abusivos producto de embargos judiciales irregulares.
La profesora María Teresita Sánchez, residente en Filadelfia, había sido víctima de un sistema de estafa conocido como la “mafia de los pagarés”, donde empresas iniciaban juicios ejecutivos por supuestas deudas, sin que las afectadas pudieran ejercer su derecho a la defensa. En su caso, se trataba de ocho procesos judiciales, todos con medidas de embargo sobre su salario jubilatorio.
Durante 15 años, Sánchez fue sometida a descuentos mensuales que, en algunos casos, superaban con creces el valor real de los bienes adquiridos. Por ejemplo, mencionó haber pagado casi 50 millones de guaraníes por una motocicleta que probablemente no valía ni una décima parte de esa suma.
Ante la gravedad de la situación, y con escasos recursos, la docente logró trasladarse hasta la capital y, tras recibir orientación de la Comisión Especial del Senado sobre la “mafia de los pagarés”, acudió al Ministerio de la Defensa Pública, donde encontró en Leticia Casaccia y su equipo una respuesta efectiva.
La afectada relató que la defensora pública dedicaba jornadas enteras a acompañarla personalizado en los trámites ante el juzgado de Paz de Luque, donde se encontraban los expedientes. Esta constancia permitió levantar los ocho embargos, todos vinculados a firmas como Rentable S.A. y Grupo Capital S.A., que la habían demandado por deudas derivadas de pagarés firmados en condiciones poco claras.
A pesar de los avances, aún quedan dos juicios pendientes, pero Sánchez expresó plena confianza en que, gracias a la atención y el compromiso del equipo de Defensa Pública, pronto podrá cerrar definitivamente este capítulo de su vida.
“Me sentí parte del equipo. Me trataron con calidez y con el deseo real de ayudar. Ojalá más docentes afectadas pudieran conocer la humanidad de estas personas. Durante años pensé que no había salida, pero nunca perdí la esperanza”, expresó con emoción.
Según explicó la defensora Casaccia, los juicios ejecutivos contra Sánchez se iniciaron con notificaciones que nunca le llegaron. Incluso se intentaron justificar las ausencias con recursos dudosos, como alegar que familiares se negaron a recibir las notificaciones o que no había nadie en el domicilio. En un caso extremo, se registró una “notificación” en la ciudad de Fernando de la Mora, lugar donde la docente jamás vivió. Esta táctica, conocida como “notificación voladora”, tiene como objetivo burlar el derecho a la defensa y avanzar directamente con los embargos.
Sánchez también recordó que los descuentos iniciales, pactados en G. 350.000, comenzaron a subir sin justificación hasta alcanzar G. 900.000 mensuales, monto que absorbía gran parte de su jubilación, impidiéndole cubrir sus necesidades básicas.
Los ocho casos fueron tramitados en el juzgado a cargo de la jueza Norma Ortíz, y todos los embargos ya fueron anulados gracias a la estrategia legal desplegada por Casaccia. Este trabajo refleja el impacto real del Ministerio de la Defensa Pública, especialmente en zonas donde la ciudadanía tiene acceso limitado a representación legal.
Casos como este, aunque no siempre visibilizados, muestran la importancia de contar con profesionales comprometidos como Leticia Casaccia, cuya labor no solo resolvió una situación judicial compleja, sino que devolvió dignidad y esperanza a una mujer que durante años vivió bajo el peso de una estafa.
