Gracias a una labor sostenida, minuciosa y profundamente comprometida, la defensora pública Leticia Casaccia consiguió levantar la totalidad de los embargos que durante años afectaron la jubilación de una docente del Chaco paraguayo, víctima del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”. Con esta última resolución favorable, la afectada logró finalmente recuperar el acceso pleno a sus ingresos, tras padecer descuentos abusivos derivados de procesos judiciales irregulares.
La beneficiaria es la profesora jubilada María Teresita Sánchez, residente en Filadelfia, quien, al igual que numerosos compatriotas, fue arrastrada a juicios ejecutivos promovidos por empresas que reclamaban supuestas deudas sin que se le garantizara el derecho a la defensa. En su caso, fueron diez los procesos en los que la defensora pública logró intervenir exitosamente, hasta eliminar por completo los embargos que pesaban sobre su jubilación.
Durante aproximadamente 15 años, Sánchez sufrió descuentos mensuales que, en varios casos, superaron ampliamente el valor real de los bienes adquiridos. Ella misma relató haber llegado a pagar cerca de 50 millones de guaraníes por una motocicleta cuyo valor comercial no alcanzaba ni una fracción de esa suma, evidenciando el carácter abusivo del esquema.
Sin recursos suficientes y ante la desesperante situación, la docente decidió viajar a Asunción, donde recibió orientación de la Comisión Especial del Senado que investiga la “mafia de los pagarés”. Posteriormente acudió al Ministerio de la Defensa Pública, donde encontró en Leticia Casaccia y su equipo no solo una defensa jurídica eficaz, sino también un acompañamiento constante y humano. Ese trabajo sostenido permitió obtener resultados favorables en los diez expedientes que afectaban su jubilación.
En una publicación anterior de Judiciales Net, la propia Sánchez destacó que la defensora pública dedicó jornadas completas a acompañarla personalmente en los trámites ante el juzgado de Paz de Luque, donde se encontraban los expedientes. Esa presencia permanente y la revisión exhaustiva de cada causa fueron claves para lograr el levantamiento de los embargos, todos ellos promovidos por firmas como Rentable S.A. y EDA y Asociados, vinculadas a demandas basadas en pagarés firmados bajo condiciones poco claras.
La defensora pública Leticia Casaccia explicó que la docente soportaba inicialmente diez embargos salariales: seis fueron suspendidos y cuatro levantados de manera definitiva. En el último de los casos, a pedido de la defensora, la jueza interina de Luque, Cynthia Usher Granado, dispuso la suspensión del embargo ejecutivo ordenado en diciembre de 2023 contra María Teresita Sánchez, por un monto de G. 18.680.000.
Con esta resolución, Casaccia logró eliminar por completo todos los embargos que afectaban la jubilación de la docente, quien expresó su profundo agradecimiento no solo por la labor jurídica realizada, sino también por el trato cercano, humano y perseverante brindado durante meses de gestión.
Los procesos ejecutivos contra Sánchez se iniciaron, en su mayoría, a partir de notificaciones que nunca llegaron a su conocimiento. En varios expedientes se intentó justificar su ausencia alegando que familiares se negaron a recibir las notificaciones o que no había nadie en el domicilio. Incluso se consignó una supuesta notificación en la ciudad de Fernando de la Mora, lugar donde la docente jamás residió. Estas prácticas, conocidas como “notificaciones voladoras”, buscan eludir el derecho a la defensa para avanzar directamente con los embargos.
