Mediante la intervención de la defensora pública Carla Mazó, varias personas lograron acceder a camas de terapia intensiva.
Ello fue posible gracias a la presentación de recursos de amparo constitucional y la solicitud de medidas de urgencias, siete pacientes con Covid-19 . Los afectados obtuvieron en diferentes sectores públicos, privados y previsionales, camas de internación en Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
A través de estas medidas, se dispuso que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a pagar los gastos de terapia intensiva y medicamentos de los pacientes con COVID-19, que se encuentran hospitalizados en un sanatorio privado.
Todos los amparos presentados ante el Juzgado tuvieron resultado favorable con la orden del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 6.725/2011, “Que crea un Fondo Nacional para la cobertura de gastos durante la hospitalización en UTI de personas con COVID-19 en los sectores públicos, privados y previsionales y la adquisición de medicamentos esenciales”.
En consecuencia, se dispuso a continuar con la internación de los siete pacientes en la Unidad de Terapia Intensiva, librando oficio tanto al sanatorio como al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y a IPS para su inmediato cumplimiento.
Cabe destacar que si una persona se halla con un cuadro grave de enfermedad y la necesidad urgente para dicha internación será el Juez quien evalúe la petición y a través de una resolución disponga la entrega de una cama en UTI para el paciente. Las personas que requieran solicitar el recurso de amparo deben realizar la presentación de los documentos específicos sobre la salud de la persona comunicándose previamente a la línea de atención directa 133, de 7:00 a 23:00 horas, de lunes a domingos.
