Los abogados defensores de Gianina García Troche, procesada en el marco de la causa A Ultranza, que involucra a Miguel Ángel Insfrán Galeano y sus esposo Sebastián Marset, presentaron un recurso de apelación contra la resolución que rechazó el pedido de nulidad de la declaración indagatoria de su clienta. La defensa sostiene que la audiencia fue realizada en condiciones “manifiestamente contrarias a derecho”.
En su escrito presentado ante el tribunal, los abogados Luis Samaniego Correa y Daniel Garcete calificaron como “arbitraria e infundada” la decisión de la jueza que rechazó el incidente de nulidad. Insisten en que durante la audiencia de imputación, que tuvo lugar en el aeropuerto internacional, se violaron múltiples garantías procesales y convencionales.
Entre los puntos denunciados, la defensa afirma que García fue detenida “aparatosa y sorpresivamente por fuerzas policiales y militares”, sin contar con el acompañamiento de un abogado de su confianza. En su lugar, se le asignó un defensor público “sin preparación previa” y “sin respetar el plazo legal de 24 horas para nombrar defensa”, como establece el artículo 85 del Código Procesal Penal (CPP).
Además, alegan que no se le notificó su derecho a contactar con autoridades consulares, siendo ciudadana uruguaya. En ese sentido, subrayan que “la doble nacionalidad no excluye el derecho a la protección consular”, y que la omisión de esta notificación representa una violación absoluta de la Convención de Viena.
El juzgado de primera instancia había rechazado el pedido de nulidad argumentando, entre otras cosas, que García se abstuvo de declarar, por lo que no se habría producido perjuicio alguno. La defensa refutó este punto alegando: “La abstención de declarar no subsana el vicio, sino que es precisamente la consecuencia de encontrarse indefensa y sin asistencia consular”.
Asimismo, cuestionaron que la resolución “carece de todo fundamento jurídico serio, limitándose a repetir argumentos aparentes y contradictorios que no responden a los planteamientos de la defensa.” y advirtieron que decisiones como esta “erosionan la confianza en la imparcialidad de la magistratura” y proyectan “la imagen de un sistema de justicia débil, sometido a presiones y carente de garantías mínimas”.
La apelación también hace referencia a jurisprudencia internacional, como el caso Avena (México vs. EE.UU.) ante la Corte Internacional de Justicia, y el caso Cabrera García y Montiel (2010) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que el aviso consular debe ser inmediato y previo a cualquier declaración.
Por ello, la defensa solicita que se revoque la resolución recurrida, se declare la nulidad absoluta de la indagatoria practicada el 21 de mayo de 2025, y se ordene la realización de una nueva audiencia “con estricto cumplimiento de las garantías procesales y convencionales”.
La defensa solicita que el Ministerio Público la cite nuevamente a declarar a Gargía.
Gianina García está imputada por lavado de activos proveniente del narcotráfico, de la estructura criminal liderada por su esposo el uruguayo prófugo de la justicia Sebastián Marset.
