La Corte Suprema de Justicia decidió posponer por 30 días la entrada en vigencia de la Resolución N.º 12.299, del 10 de septiembre de 2025, que establece que todas las motocicletas y vehículos similares vendidos en el país deben ser entregados por los concesionarios con toda la documentación obligatoria en regla. La medida debía aplicarse desde este 1 de noviembre de 2025.
La decisión responde a un pedido formal de los gremios Cámara Paraguaya de Motocicletas y Automotores (CIPAMA) y la Cámara de Distribuidores de Maquinarias y Automotores (CADAM), que solicitaron una prórroga y la conformación de una mesa de trabajo con representantes de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Los gremios argumentaron que la entrada inmediata de la resolución podría afectar temporalmente las ventas del sector.
La disposición cuya aplicación fue aplazada establece que la chapa, verificación física, grabado obligatorio y cédula verde deberán ser gestionados e incluidos antes de la entrega del vehículo al comprador. Con esto, se busca evitar que circulen motocicletas sin registro o con documentación incompleta, reforzando la formalización del parque automotor nacional.
Asimismo, la normativa modifica el artículo 5 de la Resolución N.º 6.536/2016 y dispone la creación de un sistema de liquidación previa, que permitirá a los compradores realizar los pagos correspondientes mediante la red bancaria o en bocas de cobranza habilitadas, en cumplimiento de la Ley N.º 5.531/2015.
Con la nueva modalidad, el vendedor será responsable de incluir en el precio de venta los costos de la chapa, la verificación técnica, el grabado y la cédula verde, y deberá depositar dichos importes en la cuenta designada por el Poder Judicial dentro de los tres días hábiles posteriores a la emisión del formulario de liquidación.
Solo una vez cumplidos todos los pagos y requisitos, el concesionario podrá realizar la entrega formal de la motocicleta, acompañada del formulario único oficial elaborado por la Dirección del Registro de Automotores (RUA), que certifica la legalidad del proceso de adquisición.
Esta medida busca que todas las motocicletas salgan de los locales de venta completamente regularizadas, fortaleciendo el control institucional sobre el parque automotor y reduciendo la circulación de vehículos en situación irregular.
Para garantizar su cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia coordinará convenios interinstitucionales con la Policía Nacional, las Policías Municipales de Tránsito y los Gobiernos Municipales, con el objetivo de realizar operativos conjuntos. En caso de detectarse motocicletas sin la documentación exigida, estas podrán ser retenidas preventivamente hasta su regularización.
Además, la Corte exhorta a las municipalidades a dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley N.º 608/1995, en el marco de la aplicación de esta normativa reforzada.
La directora del Registro de Automotores (RUA), Dra. Julia Cardozo, calificó la medida como “un paso clave hacia una mayor seguridad y formalidad”, destacando que, con su implementación, “todas las motocicletas deberán estar plenamente documentadas desde el momento de su adquisición”.
Finalmente, la Corte Suprema encomendó a la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y al Departamento de Informática del RUA el desarrollo del formulario único digital, la capacitación de los usuarios y la puesta en marcha de las herramientas tecnológicas necesarias para asegurar una implementación efectiva y transparente de la nueva disposición.
