El pleno incorporó perspectiva intercultural a la Acordada 1506 sobre violencia doméstica. Paraguay presentará los avances ante el Comité CEDAW en Ginebra.
La Corte Suprema de Justicia aprobó este miércoles la ampliación de la Acordada 1506/21, el protocolo de atención a casos de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico e intrafamiliar, para incorporar perspectiva intercultural en la atención a mujeres indígenas que sufren violencia de género.
La modificación, propuesta por el Consejo de Superintendencia en su sesión del 22 de septiembre, incorpora directrices diferenciadas para que magistrados y funcionarios de los juzgados de paz aborden estos casos con un enfoque que respete las cosmovisiones, normas y prácticas culturales de las comunidades originarias.
La ministra Carolina Llanes respaldó la aprobación y señaló que la herramienta estaba pendiente desde hace tiempo. Explicó que completa los protocolos del Poder Judicial en materia de igualdad para personas pertenecientes a comunidades originarias.
Llanes destacó además la importancia de contar con el instrumento aprobado antes de la presentación del VIII Informe Periódico de Paraguay ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), prevista para el 13 de octubre en Ginebra.
Construcción interinstitucional
El protocolo expandido es resultado de un proceso iniciado en 2022, que incluyó a la Secretaría de Género y la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema, el Ministerio de la Mujer, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y organizaciones de mujeres indígenas como Mujeres Indígenas de Paraguay (MIPY).
En agosto de 2025, bajo la presidencia de César Diesel, el Poder Judicial ya había socializado la propuesta de ampliación en un acto que contó con la presencia de lideresas indígenas. Jacinta Pereira, en representación de MIPY, agradeció en aquella oportunidad lo que denominó la «mano visible» del Poder Judicial hacia las mujeres indígenas.
Acceso a la justicia para mujeres indígenas
La Acordada 1506 original fue aprobada en marzo de 2021 y establece directrices para la implementación de las medidas de protección previstas en en leyes previas. Está dirigida a magistrados y funcionarios de los juzgados de paz y de primera instancia en lo civil y comercial, los órganos encargados de otorgar medidas de protección a víctimas de violencia doméstica.
