Tras ratificarse el Ministerio Público en su acusación en la audiencia preliminar, se percató hoy que sus pericias contienen contradicciones por lo que han requerido al juzgado la desvinculación provisoria de Ramón Jiménez Gaona y otros acusados.
Según el juez Humberto Otazú la defensa ofreció “pruebas y cúmulos de evidencias muy importantes”, que, hoy al retomarse la audiencia preliminar para los procesados los fiscales analizaron las pruebas ofrecidas por las defensas y al existir contradicción con las pericias han solicitado la aplicación del sobreseimiento provisional.
Los fiscales mencionaron que existen pendientes 14 diligencias por ser tramitadas por lo que han solicitado la desvinculación provisoria, luego de lo cual se ha dictado el sobreseimiento provisional de Ramón Jiménez Gaona y otros acusados.
“Uno de los representantes del equipo fiscal al hacer mención de que existen pruebas encontradas como la pericia del Ministerio Público una que mantiene una posición y una siguiente pericia que sostiene una posición totalmente opuesta, entienden que por el criterio de objetividad que debe regir la actuación fiscal, se requiere la salida procesal del sobreseimiento provisional”, señaló el juez Humberto Otazú al momento de dar a conocer su decisión.
Los fiscales Giovanni Grissetti, Yeimy Adle y Natalia Silva, son los representantes del Ministerio Público quienes han rectificado la acusación contra Ramón Jiménez Gaona y otros exfuncionarios del MOPC.
El Ministerio Público había formulado acusación por un perjuicio patrimonial millonario al Estado y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. Además de Jiménez Gaona, fueron acusados, Marta Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz exfuncionarios.
Esta investigación se inició tras la denuncia formulada por Ricardo Pankow el 28 de mayo del 2018.
El 19 de febrero del 2016 la empresa Mota-Engil Ingeniería fue adjudicada para la ejecución de las obras, sin embargo, el ministro de Obras entonces Jiménez Gaona, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades de las obras no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de las obras que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos.
Se menciona que durante la gestión de Jiménez Gaona del 2016 al 2018, fecha en que ya cesaron las obras no se contaba con los permisos de los municipios afectados como la de San Lorenzo y la de Asunción. Que incluso se iniciaron las obras sin contar con el diseño final de las mismas.
Que tampoco se contó con un estudio hidrológico aprobado con la validación del fiscalizador, lo que posiblemente vulneró lo establecido en el contrato con la firma adjudicada para la realizar la obra.
Consecuentemente se habría pagado 29 certificaciones por un valor de 29 millones de dólares por obras que no cumplirían las especificaciones técnicas y que no servirían para la finalidad del Programa de Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno, Metrobús, dice el relato del Ministerio Público.
Pero, la fiscalía se percata hoy que existen unas 14 diligencias pendientes para confirmar la existencia de un perjuicio patrimonial en la causa como ya había acusado en un dictamen anterior.
