El exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, deberá presentarse ante la justicia entre los días 6, 7 y 8 de octubre próximos, según confirmó el juez penal de Garantías, Rodrigo Estigarribia. La convocatoria incluye a Rodríguez y a otras 15 personas implicadas en el caso conocido como “detergentes de oro”, que investiga presuntos actos de corrupción durante la pandemia.
Tanto Rodríguez como Wilfrido Cáceres cuestionaron la fecha establecida por el juzgado, sin embargo, para el magistrado el incidente solo se planteó como acto dilatorio por lo que dejó firme la fecha de audiencia preliminar fijada inicialmente.
La audiencia preliminar será una instancia clave en el proceso judicial, ya que en ella se decidirá si el expediente avanza a juicio oral y público. Rodríguez está acusado formalmente de lesión de confianza y asociación criminal, por presuntamente liderar un esquema que defraudó al Estado a través de compras públicas sobrefacturadas realizadas en 2020, en plena emergencia sanitaria por COVID-19.
La investigación, a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, dirigida por los fiscales Jorge Arce Rolandi, Silvio Corbeta y Marlene González, señala que las contrataciones efectuadas por la Municipalidad de Asunción durante la gestión de Rodríguez causaron un perjuicio patrimonial de 1.830 millones de guaraníes.
El Ministerio Público sostiene que se adquirieron productos de limpieza a precios excesivamente inflados, en procesos direccionados a empresas seleccionadas previamente, vulnerando las normas de competencia y transparencia.
Además de Rodríguez, están imputados exfuncionarios municipales y empresarios, entre ellos César Daniel Ojeda Figueredo, Edgar Fabián Estigarribia Gavilán, Wilfrido Cáceres Flores, Edwin López Cattebeke, Enrique Chávez Benítez, Ernesto Armoa Ramírez, Víctor Frágueda Ortiz, Jorge Ruiz Díaz Cabrera, David Fernández Rachid, Agustín Fernández Estigarribia, Juan Rodríguez, Jorge Arguello Vielma, María Cano Torres, Pedro Cano Martínez y Benicio Cano Martínez.
El esquema corrupto habría funcionado durante la pandemia, beneficiando a un grupo selecto de proveedores que, según el expediente fiscal, continuaron contratando con el municipio incluso tras finalizar la emergencia sanitaria, lo que los investigadores califican como un patrón sistemático de corrupción.
El Ministerio Público considera que cuenta con pruebas documentales, testimoniales y técnicas suficientes para sostener la acusación y llevar a juicio a los implicados. Si la audiencia preliminar confirma el requerimiento fiscal, la causa avanzará a juicio oral para determinar la responsabilidad penal de los acusados.
