La concejala municipal de Luque, Belén Maldonado, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por hechos que, según su relato, constituyen un caso de violencia política contra la mujer, con responsabilidad directa del presidente de la República y miembros del Escolta Presidencial.
La denuncia, basada en la Ley N.º 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres y la Convención de Belém do Para, fue presentada la denuncia, tras un episodio ocurrido durante un acto público oficial encabezado por el jefe de Estado en la ciudad de Luque el pasado 26 de agosto.
Según expone Maldonado, en calidad de autoridad electa tomó la palabra durante el evento para cuestionar la falta de transparencia y participación ciudadana en el proyecto de autopista elevada sobre la vía férrea. En ese momento, afirma que fue interrumpida, hostigada y bloqueada físicamente por guardias y agentes de seguridad presidencial, quienes habrían utilizado empujones y golpes para impedir su acceso y limitar su participación.
“Fui interrumpida y hostigada por funcionarios presentes, quienes actuaron en coordinación con agentes del Estado para limitar mi participación como autoridad electa”, señala parte de la denuncia presentada ante la fiscalía.
La concejala señala que no se trató de un hecho aislado, sino de una acción coordinada por funcionarios estatales con el objetivo de impedir su ejercicio político, por lo que enmarca el incidente como violencia política institucional, tipificada como delito de acción penal pública por la ley.
En la denuncia se citan normas del Código Penal Paraguayo (maltrato, coacción y amenazas), así como artículos de la Constitución Nacional que garantizan la igualdad, el derecho a la participación y la protección contra la violencia.
Además, la presentación destaca la responsabilidad internacional del Estado paraguayo, citando los artículos 2, 3, 4 y 7 de la Convención de Belém do Pará, que obligan a los Estados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia ejercida o tolerada por agentes públicos.
En el petitorio, Maldonado solicita la intervención del Ministerio Público para investigar los hechos y actuar conforme a las normas de protección a los derechos políticos de las mujeres.
