La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó al camarista José Waldir Servín para integrar la cámara que debe estudiar la recusación presentada por la defensa del pastor José Insfrán contra la jueza que entiende este caso, Rosarito Montanía.
El juicio oral y público que se le sigue a la propietaria de Imedic Patricia Ferreira por presuntamente introducir al país medicamentos oncológicos de forma irregular, continúa en la etapa de declaración de los testigos propuestos por el Ministerio Público.
La semana pasada el Ministerio Público formuló acusación contra el exdirector del PMT Juan Villalba por violencia familiar y requirió que el caso sea elevado a juicio oral y público.
Un tribunal de sentencia condenó a 20 años de prisión a un hombre que en el 2021 abusó sexualmente de su hermanita de cuatro años. La denuncia fue formulada por otra hermana que lo sorprendió cometiendo el hecho.
Preocupa a operadores del sistema la idea que surge desde el Congreso de reducir de cuatro a tres años el plazo de duración máxima del proceso, debido a la saturación del sistema penal y las causas de alta complejidad como las del crimen organizado o delitos económicos que podrían quedar impunes si se resuelve que el tiempo de duración del proceso se reduzca a tres años.
Para la camarista Silvana Raquel Luraghi del fuero especializado y coordinadora de la Oficina Técnica Penal (OTP), el plazo de investigación otorgado al Ministerio Público es insuficiente y debe ser modificado ya que resulta corto para los casos considerados crímenes o de alta complejidad.
El tribunal especializado contra el crimen organizado y delitos económicos declaró inadmisible la apelación especial presentada por las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto por la defensa de Darío Messer y su hijo.
El juez especializado Rodrigo Estigarribia fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 12 de junio a las 8.30 de la mañana para desarrollar la diligencia donde se hará lugar al pedido de sobreseimiento provisional tanto para el exministro de Seprelad Óscar Boidanich como de las otras imputadas.
En Primera Instancia la Procuraduría General de la República logró una resolución favorable de la justicia respecto a la demanda civil promovida por excombatientes del 2 y 3 de febrero de 1989, quienes buscaban una millonaria indemnización por daños y perjuicios.
