Con el inicio de las obras en el Centro Educativo de Itauguá (CEI), el Estado da un paso clave hacia el cumplimiento de una deuda histórica: la separación efectiva de adolescentes infractores que ya cuentan con condena de aquellos que aún se encuentran en proceso judicial.
Representantes de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, participaron en una mesa técnica interinstitucional junto a autoridades del Ministerio Público, con el objetivo de avanzar en la depuración de evidencias almacenadas en depósitos de todo el país.
El juicio oral por homicidio doloso contra Jesús Gabriel Roa González, que quedó suspendido el pasado 23 de marzo de 2026 debido a que la Penitenciaría Nacional de Tacumbú no trasladó al acusado hasta la sede judicial, fue justificado por la institución alegando falta de personal.
El Tribunal de Apelación rechazó la apelación de la defensa del periodista Carlos Granada y ratificó la sentencia condenatoria de 10 años de cárcel, destacando la correcta valoración de las pruebas en primera instancia y la inexistencia de violaciones constitucionales.
La Justicia rechazó un hábeas data presentado contra Resumen de Noticias (RDN), reafirmando que este mecanismo no puede ser utilizado para eliminar publicaciones periodísticas de interés público.
Con el objetivo de fortalecer la justicia restaurativa en el país, se dio inicio a un conversatorio académico liderado por el profesor internacional belga Ivo Aertsen, junto al doctor Camilo Torres, responsable de la Oficina Técnica Penal Adolescente (OTPA).
El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso la instrucción de un sumario administrativo y la suspensión preventiva sin goce de sueldo de dos funcionarias de la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia de San Lorenzo, tras la detección de presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso una serie de cambios en el Ministerio Público con el objetivo de optimizar la labor institucional y mejorar la respuesta en distintas áreas del país. Las medidas fueron establecidas mediante la Resolución N.º 930, firmada este 24 de marzo de 2026.
El destacado penalista Manuel Guanes Nicoli concluyó un curso superior en Inteligencia Artificial y Derecho en la prestigiosa Universidad de Salamanca, consolidando su posición como uno de los profesionales locales con mayor preparación en la intersección entre tecnología y derecho penal.
