La abogada Noelia Núñez, quien ejerce la defensa del joven Marco Emmanuel González, imputado en una causa por el supuesto robo de máquinas de criptominería, denunció que el Tribunal de Apelación de Cordillera actuó en detrimento de la ley al revocar la decisión del juez Augusto Acuña, quien había concedido el arresto domiciliario a su cliente, ante la existencia de hechos nuevos que debilitan su posible participación en el hecho investigado, y con la anuencia de los propios fiscales del caso.
La defensa califica la resolución de la Cámara de Apelaciones como un fallo de arbitrariedad flagrante y afirma que revela un problema sistémico en el Poder Judicial de Cordillera. Sostiene, además, que el tribunal incluso confundió a la defensa técnica con la fiscalía, constituyendo la base fáctica del fallo en una premisa falsa respecto de qué parte formuló determinada petición.
Núñez argumenta que, al basar la revocatoria en una postura atribuida erróneamente al Ministerio Público, el fallo adolece de un vicio formal que anula su fundamentación jurídica. Agrega que el tribunal ignoró por completo la postura real de la Fiscalía, la cual había requerido la confirmación del arresto domiciliario, con base en pruebas fehacientes que debilitaban la sospecha contra González, como extractos telefónicos y otros informes bancarios.
A pesar de estas evidencias, el tribunal dejó sin efecto la decisión del juez de primera instancia y ordenó el regreso a prisión del joven empresario.
“Al ordenar la prisión preventiva pese al dictamen fiscal favorable a una medida menos gravosa, los magistrados desautorizan al fiscal y muestran una autonomía peligrosa que prioriza la coerción. El tribunal confundió a la defensa técnica con la fiscalía, constituyendo la base fáctica del fallo en una premisa falsa acerca de qué parte formuló determinada petición”, sostuvo la denunciante Noelia Núñez.
La profesional sostiene que existe un selecto “clan” de magistrados que, según ella, actúa con impunidad y ejerce un control interno en el sistema judicial, sin que nadie se atreva a denunciarlo. La criticada decisión fue adoptada por los camaristas Carlos Aníbal Cabriza, Segundo Ibarra Benítez y Mirta Granado.
Ante esta situación, la abogada exige la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de la Corte Suprema de Justicia, a fin de investigar y poner fin a lo que describe como un “secreto a voces” dentro del sistema judicial y lo que califica como una presunta “mafia en la justicia”.
Con esta resolución, el joven emprendedor Marco Emmanuel González, imputado en el marco de una investigación relacionada con el presunto robo de máquinas de criptominería, deberá volver a prisión, mientras su defensa se prepara para revertir lo que considera una decisión arbitraria y alejada de la legalidad.
