Durante un debate organizado por la Dirección de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNA, los penalistas y docentes Jorge Bogarín González, José Ignacio González Macchi y Eduardo Escobar Said dejaron en claro que la iniciativa del diputado Rubén Rubín es inconstitucional y representa un retroceso para el sistema penal.
El fiscal Lorenzo Lezcano presentó extemporáneamente un pedido de prórroga extraordinaria para formular la acusación contra una de las personas recientemente detenidas por el secuestro de don Félix Urbieta.
La Asociación de Jueces del Paraguay (AJP) firmó dos convenios que impulsan la retroalimentación formativa continua en distintas ramas del derecho y fortalecen la asistencia jurídica para sus asociados.
El agente fiscal Federico Delfino presentó la acusación contra Luis Esteban Cañete Torres, supuesto líder de la estructura. También fueron acusados como integrantes del esquema Milciades Senen Cañete Grance (chofer y encargado de pagos) y Víctor Pantaleón Valiente Piris, quien sería el reclutador y encargado de pagos.
En una conversación con Radio Caritas, Rubén Maciel Guerreño, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, aseguró que está demostrado que el aumento de la pena no tiene un efecto disuasivo ni reduce la comisión de hechos punibles; por lo tanto, no es una solución válida.
Por disposición de la jueza Rosarito Montanía, José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, alias “La Maldad”, considerado mano derecha del prófugo uruguayo Sebastián Marset, cumple prisión preventiva en la penitenciaría de máxima seguridad “Martín Mendoza” en Emboscada.
Los abogados Luis Samaniego y Daniel Garcete, defensores de Gianina García Troche, presentaron un incidente de nulidad absoluta, en el que solicitaron la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo a favor de la esposa de Sebastián Marset.
El abogado Óscar Luis Tuma fue imputado junto a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, por un supuesto delito de lavado de activos en el marco de transferencias de inmuebles realizadas pese a una inhibición judicial vigente sobre los bienes.
El mecanismo de control por dispositivo electrónico, destinado a procesados por violencia familiar y delitos económicos, ha sido utilizado muy escasamente por los jueces penales, quienes tienen vía libre para aplicar esta medida en procesos relacionados con dichos casos.
El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia encara, desde el fin de semana pasado, una serie de intervenciones en locales nocturnos que organizan “pijama parties”, en las que convocan a niños desde los 12 hasta adolescentes de 16 años, según las denuncias.
