Según los datos proporcionados por el Ministerio Público, hasta el 30 de junio se registraron nueve casos de feminicidio, que dejaron a 20 niños huérfanos.
La accionista de la empresa Biotécnica S.R.L., María Eugenia Acosta, con patrocinio del abogado Guillermo Duarte Cacavelos, presentó una denuncia por lesión de confianza contra Ronald Francis González Ferreira, en su calidad de administrador judicial, por presunto incumplimiento deliberado de sus funciones y obligaciones legales.
Los abogados Rodrigo y Gustavo González Planas, quienes ejercen la defensa del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, adelantaron en sus alegatos iniciales que probarán durante el juicio oral que Roa es inocente de los hechos que le imputa el Ministerio Público.
La jueza Greta Aquino, a cargo de la demanda promovida por vecinos de Zárate Isla contra la firma PREFORTE, hizo lugar al amparo constitucional y ordena a la empresa que suspenda las obras en un plazo de cinco días.
Ante el decreto ejecutivo N.º 4.122/25, que establece el reajuste del salario mínimo ahora en G. 2.899.048 mensuales, también sube automáticamente el valor de la cuota alimentaria en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
En el marco del amparo promovido por vecinos de Zárate Isla, quienes se oponen a la instalación de una industria hormigonera, la Municipalidad de Luque informó al juzgado que otras cinco empresas ya operan en la zona, incluyendo una matadería.
Este lunes debía realizarse la audiencia preliminar para Wilfrido Cáceres, ex hombre de confianza del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, acusado por enriquecimiento ilícito y otros delitos. El acusado recurrió la ratificación en la causa del juez Rodrigo Estigarribia, insiste en apartar al magistrado de su caso.
El agente fiscal Silvio Corbeta, presentó este lunes sus alegatos iniciales en el marco del juicio oral y público al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional SEN Joaquín Roa Burgos. Son 11 contratos irregulares que menciona el Ministerio Público.
Un reciente informe de la Dirección de Medio Ambiente del Poder Judicial revela la falta de interés de los operadores de justicia por la reparación efectiva del daño ambiental.
Bajo la figura del amicus curiae (“amigo de la Corte”), tres organizaciones no gubernamentales buscan presentar sus aportes en defensa de la libertad de expresión y prensa ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional.
