Representantes del Poder Judicial de Paraguay participaron en un foro regional que reunió a juezas de América Latina y el Caribe, con el objetivo de consolidar estrategias conjuntas orientadas a una justicia más equitativa e inclusiva.
Un Tribunal de Sentencia de Asunción llevó adelante un juicio oral y público íntegramente en los dos idiomas oficiales del país y emitió una sentencia también en formato bilingüe, marcando un precedente en el acceso a la justicia en Paraguay.
La abogada Alejandra Peralta Merlo, especialista en Derechos Humanos, solicitó públicamente que la investigación sobre un presunto caso de abuso sexual infantil no se limite a un hecho aislado, sino que abarque la posible existencia de una estructura más amplia vinculada a trata de personas y explotación de menores.
El Ministerio Público inició una investigación contra el expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, por un presunto hecho de enriquecimiento ilícito. La causa está a cargo de la agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Yeimy Adle.
El Tribunal de Sentencia de Villa Hayes condenó a Gustavo Daniel Román Meza a 20 años de prisión, y a Juliano Miguel Román Meza a 18 años de cárcel, tras hallarlos culpables del asesinato del joven Nicolás Ledesma. El órgano juzgador estuvo integrado por el magistrado José Eugenio Jaquet y las juezas Paola Duarte y Corina Sanabria.
Hasta febrero de 2026, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) contabiliza 2.168 personas, de las cuales 33 son mujeres y 2.135 varones. Este registro, que permite llevar un control de quienes incumplen con la obligación de pagar pensiones alimenticias, ha expedido 133.941 certificados desde su creación.
El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Rossana Maldonado, e integrado por los jueces Manuel Aguirre y Juan Ortiz como miembros, aplicó una condena ejemplar a un hombre que abusó en reiteradas ocasiones de una niña de solo 9 años.
La defensora pública Leticia Casaccia presentó un incidente de nulidad de actuaciones en el marco de un juicio ejecutivo por cobro de guaraníes contra la señora María Estela Acuña docente jubilada, una de las víctimas del esquema denominado "mafia de pagarés", alegando una serie de irregularidades en el proceso de notificación que, según sostiene, habrían vulnerado el derecho a la defensa de la afectada.
La Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar por unanimidad en el cargo a la jueza de Paz Gloria Machuca Cardoso, a propuesta del presidente del máximo tribunal, Alberto Martínez Simón, quien fundamentó su pedido en la trayectoria profesional de la magistrada y en los resultados de una auditoría realizada en su juzgado.
Con el inicio de las obras en el Centro Educativo de Itauguá (CEI), el Estado da un paso clave hacia el cumplimiento de una deuda histórica: la separación efectiva de adolescentes infractores que ya cuentan con condena de aquellos que aún se encuentran en proceso judicial.
