Altas autoridades del sistema judicial, junto con representantes del Ejecutivo y diversos organismos del Estado, mantuvieron una reunión de articulación interinstitucional con el objetivo de avanzar en medidas que contribuyan a fortalecer la seguridad y la seguridad jurídica en el país.
La Corte Suprema de Justicia anunció la apertura del proceso para la elección de representantes del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N.º 296/94. La convocatoria contempla la selección de dos miembros titulares y dos suplentes.
El juez penal especializado Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral y público el proceso penal contra la jueza Analia Cibils, por su presunta participación en un esquema criminal relacionado con ejecuciones de pagarés. En el mismo fallo, el juzgado condenó a Martina Rivela, actuaria, a dos años de prisión con suspensión de la ejecución de la condena.
El juzgado de Paz de San Lorenzo aplicó por primera vez la Ley N.º 7614/2025, conocida como normativa “antimafia de pagarés”, para anular un proceso judicial viciado de irregularidades y levantar un embargo que afectaba a un agricultor.
El Ministerio Público imputó a un hombre por la presunta comisión de los hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos, tras una denuncia presentada por una firma comercial de Ciudad del Este.
El lanzamiento del libro Infancia Revelada, de la doctora en Derecho Penal y exmagistrada Andrea Vera Aldana, se realizará este lunes 6 de abril a las 18:30 en Espacio E, ubicado en Estrella 977 y 981, entre Colón y Montevideo.
La violencia de género sigue afectando a mujeres de todas las edades, según reflejan los datos difundidos por el Ministerio de la Mujer. Durante el primer trimestre de 2026, la Línea 137 SOS Mujer registró un total de 750 llamadas relacionadas con situaciones de violencia.
Tras permanecer seis años fuera del alcance de la Justicia, la captura de Dalia López vuelve a poner en el centro una duda incómoda: si esta vez terminará en una cárcel común o si su situación volverá a dilatarse.
El cierre del caso contra Hernán Rivas no fue un hecho súbito ni una simple consecuencia del paso del tiempo. Fue, más bien, el resultado de una construcción jurídica progresiva en la que, según cuestionó el Ministerio Público, se fue reduciendo el hecho investigado hasta hacerlo prescribir.
Una grave situación institucional salió a la luz tras la denuncia de la agente fiscal Patricia Sánchez, quien interviene en la causa que involucra al senador Hernán Rivas por la presunta utilización de un título falso. La representante del Ministerio Público habría sido objeto de amenazas con el aparente objetivo de condicionar su actuación en el proceso.
