Este lunes debía realizarse la audiencia de imposición de medidas para Orlando Arévalo, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), imputado por presuntos hechos de corrupción perpetrados durante su gestión. La diligencia estaba prevista ante el juez Humberto Otazú, pero la defensa recurrió el llamado del juzgado por lo que la audiencia quedó suspendida.
El abogado José Carlos Martínez, quien ejerce la defensa del imputado, presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio, lo que frustró la realización de la audiencia hasta tanto el juez y la Cámara correspondiente resuelvan el incidente.
El Ministerio Público imputó al exdiputado y expresidente del JEM, Orlando Arévalo, por el presunto hecho punible de cohecho pasivo agravado, en el marco de la investigación derivada de los chats atribuidos al fallecido Lalo Gómez.
La imputación fue presentada por los fiscales Luis Piñánez, Verónica Valdez y Francisco Cabrera, quienes sostienen que existen suficientes elementos de sospecha sobre la participación de los involucrados en el citado delito, a partir del análisis de las conversaciones extraídas.
En la misma causa también fueron imputadas las exjuezas Carmen Silva y Ana Aguirre, además de Guido Díaz Frutos, señalado como supuesto intermediario en los hechos investigados.
De acuerdo con el relato fiscal, la situación de Silva es la más comprometida, ya que fue imputada por cohecho pasivo agravado, prevaricato y frustración de la persecución y ejecución penal, mientras que Aguirre enfrenta cargos por cohecho pasivo y prevaricato.
Ambas exmagistradas integraron el Tribunal de Sentencia que absolvió a “Cachorrão”, procesado por el asesinato del periodista Leo Veras. La Fiscalía presume que las decisiones judiciales habrían sido adoptadas bajo directivas de Lalo Gómez, con el objetivo de favorecer a integrantes de grupos criminales.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por el juez Osmar Legal. Desde entonces, durante aproximadamente diez meses, el Ministerio Público desarrolló una pesquisa que derivó en la imputación de los cuatro indiciados.
Según los chats analizados, Arévalo, en su condición de miembro del JEM, habría incurrido en tráfico de influencias para evitar sanciones disciplinarias contra fiscales procesados, entre ellos Lorenzo Lezcano, Katia Uemura y Stella Mary Cano.
