Este lunes 14 de julio se reiniciará el juicio oral y público contra los 18 acusados en el emblemático caso “A Ultranza Py”, considerado el mayor golpe contra el crimen organizado en la historia reciente de Paraguay. El proceso está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por los jueces María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas.
En el primer día de audiencia se superaron las cuestiones incidentales que buscaron suspender la diligencia. El tribunal resolvió arbitrar mecanismos para que los abogados defensores puedan acceder a sus clientes en privado y preparar mejor la defensa.
Este lunes, la audiencia se reabrirá a las 8:30, en la etapa incidental para que las partes presenten los incidentes de inclusión y exclusión probatoria que consideren pertinentes en la causa.
Entre los principales acusados figuran Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, señalado líder de la estructura criminal y recluido en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú; Juan Carlos Ozorio Godoy, exdiputado colorado vinculado a lavado de dinero; y Luis Fernando Sebriano González, señalado como brazo logístico de la organización.
Otros involucrados son familiares de “Tío Rico”, como sus hermanos José Alberto y Conrado Ramón Insfrán, así como el empresario Alberto Koube Ayala, supuesto líder del esquema de lavado, acompañado por su pareja, María Noelia Colmán Alarcón, y su hermana, Fátima Koube Ayala.
El abogado Álvaro Arias, defensor de “Tío Rico”, presentó incidentes para suspender el juicio, alegando imposibilidad material para elaborar una defensa efectiva, pues no puede conversar en privado con su cliente debido a restricciones de comunicación en prisión.
Según la acusación del fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, la organización operó entre 2018 y 2022, traficando cocaína desde Bolivia hacia Europa y África. Se estima que movió más de 17 toneladas de clorhidrato de cocaína, generando ingresos superiores a USD 430 millones.
El operativo A Ultranza Py incluyó más de 100 allanamientos y la participación de más de 20 fiscales, desarticulando una red con vínculos en los ámbitos político, empresarial y religioso.
