A través de una nota, la encargada de despacho del Ministerio Público Alba Cantero solicitó al presidente de la República, Pedro Alliana, que se confirme su nombramiento como fiscal general del Estado interina y se disponga el trámite del acuerdo constitucional ante la Cámara de Senadores. Argumentó que, aunque la ley no establece expresamente el procedimiento para los casos de vacancia definitiva, corresponde cumplir con el mecanismo previsto en la Constitución Nacional.
La encargada de despacho del Ministerio Público acudió al presidente de la República, Pedro Alliana, para solicitar que se impulse el procedimiento constitucional que permita formalizar su asunción como fiscal general del Estado interina, ante la vacancia definitiva del cargo.
El planteamiento está contenido en la Nota F.G.E. N.º 472, mediante la cual puso a consideración del mandatario la Resolución N.º 4665, que dispone su nombramiento interino, y solicitó que se confirme su designación y se tramite el acuerdo respectivo ante la Honorable Cámara de Senadores.
En el documento, la funcionaria reconoce que el artículo 51 no establece expresamente el procedimiento que debe seguirse para la asunción al cargo y el juramento del reemplazante cuando se produce una vacancia definitiva. Sin embargo, sostiene que, para cumplir con el rigor constitucional, corresponde avanzar con el trámite institucional ante el Poder Legislativo.
Como fundamento de su petición, invoca los artículos 269 y 271 de la Constitución Nacional y, particularmente, la disposición que establece que el fiscal general del Estado debe prestar juramento o promesa ante el Senado.
«Este último prevé que el fiscal general del Estado presta juramento o promesa ante el Senado», señala la nota, al justificar la necesidad de completar el procedimiento.
La encargada de despacho sostiene además que, por imperio legal, quien ejerce interinamente el cargo adquiere las mismas atribuciones y obligaciones que su titular.
De esta manera, la funcionaria busca que su designación interina, dispuesta mediante una resolución de la Fiscalía General del Estado, sea acompañada del trámite de acuerdo ante el Senado y del correspondiente juramento constitucional.
El planteamiento abre una cuestión institucional sobre el procedimiento que debe seguirse para formalizar la conducción del Ministerio Público ante una vacancia definitiva y el alcance de las disposiciones legales y constitucionales que regulan el reemplazo del titular de este órgano.





