El miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Miguel Ángel Mora, negó haber cometido lesión de confianza y sostuvo que las decisiones que se le atribuyen en la causa Ueno Bank correspondían exclusivamente a la Superintendencia de Bancos. Afirmó que nunca recibió informes técnicos que alertaran sobre irregularidades en la entidad financiera y que el Directorio actuó conforme a las propuestas del órgano supervisor. Solicitó que la Fiscalía valore su declaración y los documentos presentados para analizar su sobreseimiento definitivo.
En su declaración indagatoria ante el Ministerio Público, Miguel Ángel Mora desplegó una estrategia de defensa centrada en delimitar las competencias legales del Directorio del BCP y trasladar la responsabilidad por la falta de medidas de supervisión e intervención de Ueno Bank a la Superintendencia de Bancos, cuyo titular también se encuentra imputado en la causa.
El funcionario se declaró inocente y rechazó los hechos que le atribuye la Fiscalía, al sostener que no tenía facultades para adoptar las decisiones técnicas que, según la imputación, debieron tomarse para evitar la situación investigada. En ese sentido, argumentó que el Ministerio Público le atribuye responsabilidades que no forman parte de sus atribuciones legales, sino que corresponden exclusivamente al órgano técnico de supervisión.
«No hay lesión de confianza, no dispuse de un solo guaraní del Fondo de Garantía de Depósitos. No voté ninguna resolución contraria a la ley. No obtuve ni busqué beneficios para mí ni para terceros. No tomé ninguna medida que no estuviera en mis atribuciones. Las que la imputación enumera corresponden exclusivamente a la Superintendencia de Bancos», manifestó.
Uno de los principales argumentos de Mora es que ni él ni los demás integrantes del Directorio habrían recibido informes negativos de la Superintendencia de Bancos que advirtieran sobre irregularidades en Ueno Bank y que justificaran la adopción de medidas extraordinarias. Según su versión, esa ausencia de alertas técnicas les impedía conocer la existencia de una situación que exigiera una intervención de otra naturaleza.
La defensa sostiene, por tanto, que el Directorio no podía actuar por iniciativa propia sobre cuestiones que requerían previamente una evaluación y una propuesta del órgano encargado de la supervisión bancaria.
«El Directorio no puede inventar medidas que el órgano técnico no pidió»
Mora también respondió al cuestionamiento fiscal sobre la supuesta insuficiencia de las actuaciones del Directorio, particularmente en lo relacionado con la apertura de un solo sumario administrativo.
Explicó que la iniciativa para impulsar los sumarios corresponde a la Superintendencia de Bancos, mientras que al Directorio le compete resolver si hace lugar o no a las propuestas que recibe. En ese contexto, afirmó que el colegiado aprobó lo solicitado por el órgano técnico y que no tenía atribuciones para sustituirlo en sus funciones.
«Se me reprocha haber ordenado solo un sumario. Los sumarios los impulsa la Superintendencia. Al Directorio le corresponde hacer lugar al pedido o rechazarlo. El Directorio hizo lugar a lo que la Superintendencia propuso. Eso es lo que manda la ley», sostuvo.
Agregó que la Superintendencia nunca elevó propuestas para disponer un plan de regulación, la suspensión de operaciones o la aplicación de medidas cautelares contra Ueno Bank. Tampoco, según su declaración, remitió recomendaciones técnicas que impulsaran la adopción de alguna de esas medidas.
De esta manera, el funcionario puso el foco en la actuación del superintendente de Bancos, también imputado en la investigación, al considerar que era el responsable de activar los mecanismos técnicos de supervisión y elevar las recomendaciones correspondientes al Directorio.
Mora aseguró, además, que cuando tuvo que intervenir dentro del ámbito de sus competencias lo hizo sin demora. Con ello, buscó desvirtuar la hipótesis de una omisión deliberada o de una actuación coordinada para impedir que se adoptaran medidas contra la entidad financiera.
Pide incorporar la grabación de la sesión reservada del Senado
Otro elemento que la defensa pretende incorporar a la investigación es la grabación íntegra de la sesión reservada de la Cámara de Senadores del pasado 9 de octubre.
La abogada Raquel Talavera solicitó que se requiera al Congreso Nacional el registro audiovisual completo de aquella reunión, con el propósito de que la Fiscalía pueda acceder fielmente a las manifestaciones realizadas por su defendido ante los legisladores.
La intención es que ese material sea considerado como elemento de contraste y corroboración de lo declarado por Mora, en el marco de la investigación sobre las decisiones y omisiones atribuidas a las autoridades del Banco Central.
A partir de su indagatoria y de los documentos arrimados, el funcionario pidió que el Ministerio Público examine los elementos de descargo y, en su oportunidad, considere solicitar su sobreseimiento definitivo.
Una imputación que apunta a una actuación coordinada
La postura de Mora se contrapone con la hipótesis sostenida por el Ministerio Público, que atribuye a los integrantes del BCP una actuación sistémica y sincronizada que habría impedido la intervención técnica de Ueno Bank desde junio de este año.
Según la tesis fiscal, los hechos no responderían a decisiones aisladas, sino a una dinámica coordinada entre distintos niveles de actuación: una arista vinculada al ámbito político, otra relacionada con la Presidencia del organismo regulador, una tercera referida al manejo de la supervisión técnica y, finalmente, la actuación del órgano colegiado, al que se atribuye haber bloqueado sanciones y participado en la alteración de documentos públicos.
En ese esquema, la Fiscalía busca establecer cómo se habría articulado la actuación de los distintos funcionarios para evitar que se activaran oportunamente los mecanismos de control e intervención sobre la entidad financiera.
Frente a esa hipótesis, Mora pretende demostrar que no existió una omisión atribuible a su persona, sino una delimitación legal de funciones que impedía al Directorio adoptar medidas técnicas sin una propuesta previa de la Superintendencia de Bancos.





